Magistrado emérito del Tribunal Supremo, presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España y de la Unión Progresista de Fiscales, José Antonio Martín Pallín (La Coruña, 1936) centró en el enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón la conferencia que pronunció ayer en el Valey Centro Cultural de Castrillón, organizada por Izquierda Unida. Antes habló con LA VOZ.
-Ver a un juez en el banquillo resulta, cuando menos, extraño.
-Lo realmente insólito es que, por primera vez, un juez se vea sometido simultáneamente a tres procedimientos iniciados por un presunto delito de prevaricación.
-Las acusaciones a las que se enfrenta Garzón son las más graves que se pueden imputar a un juez por el ejercicio de su labor.
-Creo que carecen de toda consistencia. En el caso de la Guerra Civil, se le acusa de haber actuado fuera de su competencia, y por esa regla, el 80% de los jueces tendrían que estar procesados. Garzón trataba de aplicar la justicia internacional a casos de vulneración de los derechos humanos que nunca habían sido enjuiciados penalmente, al igual que hizo con Pinochet.
-La acusación sostiene que ha quebrantado las leyes de Amnistía y Memoria Histórica.
-No es correcto. Los pactos internacionales que ha firmado España, incluso las decisiones adoptadas por los órganos que controlan su cumplimiento, han reiterado que la Ley de Anmistía es nula, y como tal, debe ser derogada, como se ha hecho en Chile, en Uruguay, en Francia, en Nueva Caledonia... España no puede ser una excepción.
-¿Observa tintes políticos?
-Hay una confluencia de factores políticos. Por un lado, están los intereses de personas cercanas a la redacción de la Ley de Anmistía, y por otro, los de los herederos del franquismo, que consideran la acción de Garzón como una agresión.
-¿Le ha sorprendido la sentencia que absuelve a Camps?
-A la vista de las pruebas, un tribunal profesional podría haber llegado a la misma solución, aunque creo que se hubiera decantado por una condena. Para mí, lo más relevante son las conversaciones que se escucharon durante la sesión pública del juicio. Todo el que la haya seguido dispone de elementos de hecho más que suficientes para formar su propio criterio.
-Lo que sí se comienza a ver es a políticos en el banquillo.
-Yo creo más en la prevención que en el castigo. Si funcionasen los sistemas de control, muchos de esos casos se evitarían.
-También está sobre la mesa el debate de procesar a políticos por superar el techo de déficit.
-El Código Penal dispone de instrumentos para actuar contra aquellos que prevarican, que se dejan sobornar o que se sirven de información privilegiada. Me resisto a considerar un delincuente a un político por superar el déficit.
-El ministro de Justicia ha anunciado cambios en el proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
-Si el sistema actual ha fracasado, no se debe a que el Parlamento carezca de legitimación para nombrar el órgano de gobierno de los jueces, que la tiene, sino por la manipulación de los partidos políticos mayoritarios. Más que en el Parlamento, los nombramientos se decidieron en sus sedes.
-Gallardón también plantea que los matrimonios y divorcios se puedan celebrar ante notario.
-Creo que le han informado mal. Si su intención es aliviar la carga de trabajo en los juzgados, el peso que tienen los matrimonios y divorcios por mutuo acuerdo es mínimo. Todo matrimonio requiere un expediente previo, y si lo van a llevar los notarios, va a costar dinero. En cuanto a los divorcios, si hay hijos, requiere la intervención del Ministerio Fiscal.
-¿Cómo se podría aligerar esa carga?
-El problema está en el procedimiento. En lugar de convocar a las partes inmediatamente para tratar de afrontar el conflicto, como se hace en los países más avanzados, el juez acumula escritos, demandas, pruebas, recursos... Si se instaurara la oralidad desde el primer momento, para que las partes digan lo que quieren y qué medios tienen para probarlo, podrían evitarse tantas dilaciones. Ya se hace así en los procedimientos laborales, y debería trasladarse a los civiles, penales y contenciosos.
-¿Cree positivo establecer tasas en los recursos?
-Creo que no. En el ámbito penal no se puede aplicar, y en el civil, lo eficiente son los instrumentos de mediación, dirigidos a solucionar los conflictos antes de que lleguen a la sede judicial.
-¿Se abusa de los Tribunales?
-Por supuesto. Es falta de cultura, quizá potenciada por la abogacía. En vez de tratar de conciliar, se va a juicio, a ver qué pasa.
-¿Qué opinión le merece la modificación de la Ley del Aborto?
-Creo que es un retroceso innecesario, un reforma retrógrada que lo único que va a potenciar es el turismo de interrupción voluntaria del embarazo hacia países que tienen un sistema de plazos.
-¿Y la de la Ley del Menor?
-El porcentaje de delitos cometidos por menores es irrelevante. Hay que hacer una política educativa, preventiva, no sancionadora. Solo en casos muy específicos, como el de Marta del Castillo, sí me parece acertado celebrar el juicio al menor dentro del procedimiento seguido contra los mayores de edad.
