«La situación es crítica y, si no se toman cartas en el asunto, puede empeorar». Trabajadores de la Residencia Mixta de Pumarín alertaron ayer así de la inseguridad que sufren residentes y empleados del establecimiento del ERA después de que EL COMERCIO adelantase que el juzgado investiga la muerte de una mujer de 96 años que falleció en el centro quince días después de ser agredida a bastonazos por otro interno, un ataque que acabó con la anciana en Cabueñes para recibir varios puntos en la cabeza.
Uno de los representantes de los trabajadores, Nicanor González, portavoz de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) en la Mixta, tiene muy claras las causas de estos encontronazos que se producen de forma habitual, según reconoce la propia Dirección del centro. Causas como que «los departamentos que están encargados de hacer los seguimientos de los residentes están bajo mínimos». Un ejemplo: «Debería haber tres asistentes sociales y hay uno. Las bajas no se cubren y esa cobertura resulta vital. ¿Qué hacemos con un asistente social para toda la residencia, un centro donde viven 500 personas?», pregunta. «Y lo mismo ocurre con el departamento encargado de controlar los informes médicos».
A esas bajas que no se cubren se suma el cese reciente de cuatro operarios que ha llevado a la calle a los trabajadores esta misma semana para manifestarse porque «los centros del ERA se deterioran sin remisión, con descoordinación entre los distintos departamentos y la falta de presupuesto repercutiendo sobre la calidad de los servicios prestados». Temen que sea el camino hacia la privatización y creen que otra pieza clave para evitar las agresiones es «la agilidad a la hora de cortar los comportamientos violentos». González lanza otra pregunta: «¿Por qué no se agilizan las sanciones cuando hay amenazas? La prisa sólo aparece para expedientar a los trabajadores. Nunca a los residentes».
