Las frecuentes cumbres europeas están siendo todo un tormento para el común de los mortales. Cada vez que se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, nos anuncian grandes logros en la tenaz lucha común contra el despilfarro de los socios presentes y, últimamente, ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de tener que tomar nuevas medidas políticas para aminorar el desempleo. Sin embargo, cuando salen de la reunión, los resultados no suelen ser los esperados. Días después, paulatinamente, se va desvelando la realidad de lo abordado, los logros y los fracasos. Es entonces cuando nos vamos percatando de los problemas que quedan sin resolver y de cómo, una vez más, el damnificado sigue siendo el sufrido contribuyente.
Algo así sucedió en la pasada cumbre de Bruselas. Tras ella, los españoles nos enteramos de que nuestro Gobierno contempla llevar a cabo un nuevo retraso en la edad de jubilación. Es decir, de jubilarse a los 67 años, nada de nada. Para ganarse los favores políticos de algunos de los mandatarios europeos, o el crédito de España según se mire, el presidente Rajoy se presentó en la cumbre de Bruselas con un recién aprobado anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que en su articulado contempla la posibilidad de que en determinadas circunstancias se podrá revisar automáticamente el llamado 'factor de sostenibilidad'. En castellano, dada la situación económica, el incontrolable crecimiento del paro, así como el retorno al déficit en las cuentas de la Seguridad Social.
El Gobierno de España no tendrá que esperar al año 2027 para iniciar una nueva reforma de nuestro sistema de pensiones. Es más, esta reforma se pondrá en marcha con acuerdo a un calendario minuciosamente estudiado. En febrero, Bruselas dispondrá del cuadro macroeconómico, dándose a conocer las proyecciones del déficit de la Seguridad Social y de las administraciones de los países europeos, incluidos los de España. En marzo, elecciones andaluzas y asturianas. A continuación, presupuestos estatales, reforma de la Ley de Pensiones y nuevos recortes sociales.
Los expertos nos advierten de un negro futuro para nuestras pensiones. Según ellos, el envejecimiento de la población como consecuencia de la baja tasa de natalidad, pone en peligro el sistema público de pensiones. Mientras, otros estudiosos de la situación consideran que no resulta fácil predecir los equilibrios demográficos, los niveles futuros de empleo, ni las nuevas formas de economía en el mundo. En definitiva, cuáles serán las pensiones que nos podríamos permitir dentro de 50 o más años. Por ello, desde finales de la década de los noventa del pasado siglo, en España y en Europa se están tomando continuas medidas que son duramente cuestionadas por conllevar siempre la disminución de la pensión a percibir.
En este sentido, durante los últimos años, las reformas llevadas a cabo en los diferentes países han sido tendentes a unificar criterios. Así, la edad de jubilación pasó de 65 a 67 años en el Reino Unido, Alemania y otros países. Se incentiva prolongar la vida laboral por encima de la edad de jubilación, o compatibilizar la percepción de la pensión con la posibilidad de seguir trabajando. En octubre de 2010, con graves disturbios en las calles parisinas, la Asamblea Nacional Francesa, en una ajustada votación, aprobó subir la edad de jubilación de 60 a 62 años. Edad ésta, a pesar de los pretendidos criterios unificatorios, muy distante de la realidad española. La canciller alemana Angela Merkel, ante las grandes diferencias existentes entre los distintos países, propuso en mayo del año pasado la unificación tanto de la edad de jubilación como la de las vacaciones en la UE.
En España, la nueva Ley de Pensiones de julio de 2011 introdujo importantes modificaciones. La edad de jubilación, como en otros países, pasó de los65 a los 67 años y aumentó el número de años para el cálculo de la base reguladora: de los actuales quince años a los veinticinco que se considerarán en el año 2022. Disminuirá, de hecho, la cuantía a cobrar de la pensión, al modificar a la baja los porcentajes de la base reguladora, lo que quiere decir que para obtener una misma pensión habrá que cotizar más años. Por ejemplo, para cobrar el 100% se necesitan actualmente 30 años de cotización y con la nueva ley serán 37.
Las jubilaciones anticipadas serán inasumibles, dado que si hasta ahora con 65 años de edad y 35 de cotización se cobra el 100% de la base reguladora. Con la ley de 2011 se perderá el 20,75% de esta base. Se mire por donde se mire, se calcule como se calcule, tras la última reforma la cuantía a percibir por los nuevos jubilados, a igualdad contributiva, será significativamente menor.
De seguir esta política, para garantizar la viabilidad del sistema español de pensiones contributivas, y ante la incertidumbre de los ciudadanos para tomar decisiones con tiempo suficiente, mucho nos tememos que el pago de las contribuciones por parte de nuestros jóvenes sea económicamente desalentador y que el cobro de las pensiones, llegada su edad de jubilación, resulte una misión prácticamente imposible.
