La nueva Fiscalía General del Estado, dirigida por Eduardo Torres-Dulce, ha dado la orden a Anticorrupción para que no presente recurso de casación en el Tribunal Supremo por la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa en la 'causa de los trajes'. Fuentes del Ministerio Público señalaron ayer que tras estudiar el contenido de la sentencia dictada por el magistrado Juan Climent, del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que se recoge el veredicto absolutorio del jurado popular, acordaron «que no hay base jurídica suficiente para recurrir».
Una de las razones que exponen las citadas fuentes es que, según el artículo 846 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), «únicamente cabe la revisión de los hechos probados en caso de sentencia condenatoria y si es por vulneración del principio de presunción de inocencia».
Pero como a Francisco Camps y Ricardo Costa, exsecretario general del Partido Popular valenciano, les declararon «no culpables» las posibilidades de recurso son más remotas porque «se constata la imposibilidad de revisión de los hechos declarados probados».
Y es que el jurado popular, por cinco votos a cuatro, consideró que los acusados no habían cometido cohecho impropio, que pagaron sus prendas de vestir y que su relación con los principales imputados de la trama 'Gürtel' era «meramente comercial».
Curiosamente, el veredicto del jurado popular fue más allá de las declaraciones de Camps y Costa. En concreto, cinco miembros del jurado consideraron como «hecho probado» que Camps pagó «personalmente» las prendas al sastre José Tomás, un extremo que nunca llegó a afirmar el ex presidente valenciano, que siempre ha mantenido que pagaba sus trajes, pero de forma genérica; incluso a preguntas de la Fiscalía llegó a explicar que pidió dinero a uno de sus escoltas para pagar, si bien nunca especificó que pagara «personalmente» a José Tomás.
Asimismo, el jurado desestimó, también por cinco votos frente a cuatro, que el personal de las tiendas contactara previamente con los interesados. En total, la Fiscalía Anticorrupción dio 18 razones en el juicio para probar que hubo cohecho impropio. Un cúmulo de pruebas que muestran la beligerancia acusatoria que ha mantenido el Ministerio Público desde que estalló la 'causa de los trajes'.
