Recientemente, he asistido a una conferencia impartida por Frank H. Henkamp, profesor de Ciencias de la Decisión Directiva y secretario general del IESE, bajo el título 'Principios para decidir con eficacia'. En la misma, el profesor Henkamp desarrollaba una serie de pautas a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones: decidir implica arriesgar, no se puede 'no decidir' o se puede aprender a decidir.
En el plano político, dejando a un lado el mundo empresarial, no tan lejano de la realidad política, y la extraordinaria conferencia citada, particularmente incluiría dos tipos o formas de decisión: las responsables, que atienden al beneficio de la ciudadanía, como corresponde a un servidor público, y las sujetas a un alto grado de irresponsabilidad, las cuales se nutren de intereses de partido y/o particulares. En este contexto, y dentro del ámbito público del Principado, considero que la decisión del presidente Álvarez-Cascos de disolver la Junta General y convocar unas nuevas elecciones autonómicas responde a criterios de responsabilidad y de prevalencia de los intereses generales de los asturianos, demostrando que no se aferra a un sillón, ni se somete al 'status quo' imperante durante tantos años en Asturias.
El escenario al que se había llegado en la Junta, tras el rechazo total del proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo, constituyó la definitiva -por su trascendencia- manifestación clara, expresa y explícita de la voluntad de los partidos tradicionales de impedir acuerdo alguno con el Gobierno y de obstruir, de manera ya alarmante, su acción. La alianza del tripartito opositor se plasmó, una vez más, como a lo largo de la corta legislatura, aduciendo que las cuentas eran irreales y contemplaban ingresos inflados.
El propio PP, cuyo comité ejecutivo regional había manifestado anteriormente su intención de llegar a pactos para facilitar la aprobación de las cuentas regionales, se apresuró, llegado el momento, a ser el primero en presentar su enmienda a la totalidad, despreciando la fórmula de las enmiendas parciales, que constituyen las herramientas legales propias para modificar y negociar un presupuesto en el Parlamento si hubiere tenido (ahora se comprueba que nunca fue su opción) una mínima intención de acuerdo. En suma, la grave situación económica que sufrimos, el alto nivel de desempleo, la paralización de la actividad económica, el riesgo de minoración de los servicios públicos esenciales, la saturación del sector público improductivo, la situación de desigualdad respecto a otros territorios y otros muchos problemas que padecemos, necesitan pasos firmes y reformas urgentes que deben ser gestionadas, en las competencias propias del Principado, desde la responsabilidad, la coherencia política y la búsqueda del interés de todos los asturianos. Nunca desde la obstrucción, el rencor, la manipulación, el interés partidista y el apoltronamiento político, verdaderos enemigos de la sociedad. Todos debemos reflexionar sobre ello.
