Esta semana se cumplieron dos años desde que el Cuerpo Nacional de Policía recibiese la denuncia con la que se inició la investigación sobre una presunta trama de corrupción en el Principado. El aniversario ha cogido a los agentes rematando una investigación que el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla quiere dar por cerrada antes del mes de junio. Los informes que en los últimos días han llegado a Instrucción 2 de Oviedo confirman que desde la sede de una de las empresas señaladas (Almacenes Pumarín S. A.) se enviaron regalos a más de 800 políticos y funcionarios de todo el país, lo que supuso por ejemplo la distribución de 550 piezas de jamón en cuatro años. Sólo en Asturias fueron 50 los representantes públicos que cada Navidad contaban con un detalle de la mercantil gijonesa, un listado que incluye a 12 alcaldes y 25 ediles.
En el centro de las pesquisas, las averiguaciones han apuntalado las imputaciones que pesan sobre los cinco principales sospechosos del caso, dejando un retrato especialmente preocupante sobre la exdirectora general María Jesús Otero y la funcionaria Marta Renedo Avilés. Ambas afrontan el reto de explicar el origen de los 4 millones de euros que los agentes han localizado en donaciones, regalos, adjudicaciones y pagos en especie a su beneficio personal o al de gente de su círculo más inmediato.
En lo tocante a Otero, el sumario del caso retrata un reguero de cheques y trasferencias recibidas desde Almacenes Pumarín S. A. (APSA) e Igrafo desde 1999. Los agentes han acreditado cómo el empresario Víctor Muñiz daba orden en una joyería de su confianza de anotar a su cuenta todas las sortijas, collares de perlas y relojes que quisiera llevarse la responsable de Educación. En la contabilidad de Muñiz se han encontrado las facturas por los viajes que Otero se daba con sus amigos y familiares por Madrid, Barcelona, Burgos, Londres, Argentina, además de un crucero por las capitales bálticas. Dádivas aparte, la investigación detectó cómo los proveedores habituales de Educación se hacían cargo de las obras y gastos necesarios para expandir los negocios de la familia de Otero.
448603 euros en metálico
Los favores del dinero público llegarían a la exdirectora general de manera indirecta, lo que no puede decirse de Marta Renedo Avilés. A la espera de que el Principado entregue un informe sobre las irregularidades detectadas en su etapa en Cultura, los agentes creen que la funcionaria promovió adjudicaciones y patrocinios por valor de 1,4 millones desde el Principado hasta sociedades y cuantas que estaban bajo su control directo o indirecto. Además, han recogido indicios de cómo Igrafo le aportó 448.603,28 euros en metálico, trasferencias y pagos en especie (la mercantil ovetense le habría pagado las financiado para hacerse una piscina).
A la suma hay que añadir más de 380.000 euros que le giraron otras empresas con las que estaba en contacto por su puesto de trabajo.
