«Queremos entrar en el Consorcio de Transportes», anunció ayer el concejal popular Gerardo Antuña. Dicho así parece un cambio radical en la postura mantenida por el PP desde la creación del organismo que permite, entre otras cosas, cambiar de un transporte a otro con el mismo billete. Pero pone «condiciones partiendo del hecho de que Oviedo es el único municipio que importa muchos más viajeros de los que exporta y que los ovetenses no pueden financiar con sus impuestos la solidaridad entre los municipios de Asturias».
Es el argumento que siempre ha defendido el PP: «Un aspecto que corresponde a la Administración autonómica», subraya Antuña en un comunicado de prensa. Es decir, vuelve a pedir al Gobierno regional una compensación económica para incorporarse al consorcio. Aun así, el PP se muestra dispuesto a negociar «las condiciones de entrada» cuando «se nombre al nuevo Gobierno del Principado».
Sería un nuevo acercamiento en un momento (después de las elecciones del 25 de marzo y la posterior formación del Ejecutivo) que puede ser diferente a los anteriores y eso propiciar la negociación. Según el portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, si de los comicios saliera un gobierno popular, Oviedo se sumaría al Consorcio de Transportes.
Es una antigua reivindicación de los grupos de la oposición que no entienden que el Plan de Movilidad que elabora la empresa Inca por encargo del Consistorio desaconseje la incorporación de la ciudad a la entidad dependiente del Ejecutivo regional. Tampoco el recorte de las líneas de autobuses en la zona rural que propone el texto.
Ante las críticas, el concejal de Transportes pide «responsabilidad y cordura para no enterrar una propuesta que todavía no ha sido planteada definitivamente» y que aún ni lo ha aprobado el Pleno ni se ha sometido a información pública. Y al final del proceso, dijo, debería llegarse «a una propuesta consensuada». El edil reclamó tanto al PSOE como a IU no usar el Plan de Movilidad como «instrumento de pugna electoral» y reclamó que las «circunstancias políticas externas a los intereses municipales» no afecten a un documento que pretende ser «la expresión» del «diálogo, el consenso y la participación».
