El juez que investiga una presunta red de expolio de aves rapaces protegidas ha decidido inhibirse a favor de diez juzgados de toda España que realizaron entradas y registros en los domicilios de los imputados.
El juzgado de instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) no considera demostrada la existencia de una red organizada y acuerda inhibirse a favor de juzgados de Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Coín (Málaga), Baracaldo (Vizcaya), Bilbao, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Lorca (Murcia) y Avilés y Cangas en el Principado. El juez señala que «de las diligencias de investigación hasta ahora practicadas» se infiere que los hechos tuvieron lugar en el partido judicial de los citados juzgados, que fueron quienes autorizaron los registros domiciliarios pedidos por la Guardia Civil en busca de los huevos o pollos expoliados, y a los que acuerda remitir los efectos y dinero ocupados.
Fuentes del caso informaron de que la Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a esta inhibición y ha pedido al juez que empiece a tomar declaración a los 16 detenidos en la denominada 'Operación Horus', llevada a cabo por la Guardia Civil en el verano de 2011.
La denuncia fue realizada por el Seprona de la Guardia Civil, que llevó a cabo una operación en nueve provincias españolas y detuvo a 16 personas, entre ellas el director y tres trabajadores del centro de recuperación de especies amenazadas de San Jerónimo (Sevilla).
Los implicados, según la Guardia Civil, robaban huevos y pollos de águila imperial del medio natural y los llevaban al centro de Sevilla, donde los presentaban como nacidos en este centro para seguir cobrando las subvenciones de la administración andaluza, que podrían rondar el millón de euros anuales por diferentes conceptos desde 2002.
De este modo, los detenidos «presentaban datos de un proyecto científico de éxito, pero en realidad todo era una estafa en tanto que los huevos eran extraídos del medio natural», según informó entonces la Guardia Civil.
Los investigadores consideraron que, además de expoliar nidos, la red podría haber falsificado documentación y anillas, como parte de un negocio ilegal de compraventa de rapaces. Según los defensores, el hecho de que se disperse el asunto por tantos juzgados como imputados «implica que no existía red organizada sino una pluralidad de personas no relacionadas entre sí».
