El Gobierno ha decidido poner negro sobre blanco a una moratoria eólica que de facto ya había venido aplicando el propio mercado en crisis. De hecho, el sector llevaba tiempo advirtiendo de que una buena parte de los proyectos eólicos autorizados, o en vías de autorización, no se pondrían en marcha por falta de financiación. «Hasta que la ordenación del sector no esté clara, seguirá habiendo miedo a invertir», reconoce Casimiro Fernández, presidente de la Asociación Eólica del Principado (AEPA). En el caso de Asturias, preocupan, sobre todo, los 500 megavatios (MW) que fueron autorizados en una primera fase, pero que quedaron fuera del registro de preasignación de Industria y ahora sus promotores desconocen si los proyectos (quince parques eólicos) serán o no viables.
Fue en julio de 2005 cuando un total de 16 promotores eólicos firmaron, bajo la supervisión del Gobierno autonómico, un convenio con las distribuidoras HC Energía y Electra Viesgo (hoy E.on) para garantizar la evacuación de algo más de 1.000 MW eólicos en 2011. Se comprometieron a financiar y construir las infraestructuras necesarias para la evacuación de los nuevos parques. En concreto, unos 70 millones de euros de inversión de los que los promotores ya han invertido alrededor de 45 millones. Pero además de esos 500 MW, fueron autorizados posteriormente otros 600 MW cuya ejecución aún es más dudosa.
A día de hoy, los promotores sostienen que tener en funcionamiento en torno a 900 MW en el horizonte de 2020, prácticamente la mitad de lo previstos, sería todo un logro. Hay que tener en cuenta que 2011 cerró en la región con una potencia eólica global de 428,45 MW, a los que habría que sumar los dos megavatios en construcción y los 116 MW (cuatro parques) inscritos en el registro de preasignación, indultados en el nuevo decreto del Gobierno y que sí podrán llevarse a cabo. El texto garantiza, por un lado, el régimen económico actual para la potencia instalada y los parques prerregistrados, y, por el otro, suspende los incentivos a las instalaciones que no estén inscritas en el registro de preasignación.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy justificó su medida (temporal, pero sine die) en la necesidad de mitigar el cada vez mayor desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las primas que los ciudadanos pagan en la tarifa de acceso (o peajes). Una situación a la que se ha llegado -según explica el texto del real decreto ley- por el aumento de instalaciones renovables, que en 2010 superaron con creces los objetivos del Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, de la que no fueron ajenas las comunidades autónomas, que llegaron a otorgar autorizaciones prácticamente sin control. Un exceso de 70 puntos básicos respecto a dicho objetivo que daría holgura -según sostiene el Gobierno- para cumplir con los objetivos a 2020 del nuevo Plan de Energías Renovables, y que justificaría la moratoria que acaba de ser aprobada para atajar la sangría de un déficit de tarifa que suma ya 24.000 millones.
El sector lleva meses demandando una ordenación clara ante el riesgo que conlleva para esta industria y las más de 30.000 personas a las que da empleo la ausencia de señales sobre el futuro. Por ello, desde la Asociación Eólica Española (AE) consideran urgente diseñar un nuevo régimen económico que de viabilidad al sector.
Nueva regulación
Los empresarios consultados consideran que la nueva normativa debería tener en cuenta el alto grado de madurez y competitividad de la eólica, que su impacto en el déficit de tarifa fue cero en 2011, que representa el 0,28% del PIB español, que exporta más de 2.000 millones de euros anuales y que evita importaciones de combustibles fósiles por cerca de 2.000 millones, con lo que contribuye a frenar el déficit por cuenta corriente.
La falta de pedidos de aerogeneradores ha supuesto ya una fuerte reestructuración y es previsible la deslocalización de los fabricantes hacia otros países. La filial de renovables de EdP, con una capacidad instalada de 2.194 MW y más de 490 MW en construcción, ya se plantea, ante los nuevos obstáculos al desarrollo eólico en España, crecer en otros mercados y más aún tras la entrada de la china Three Gorges como máxima accionista de la eléctrica que ha revitalizado su capacidad inversora.
Según los datos que manejan los principales fabricantes, en la actualidad menos del 10% de la producción que se realiza en España se destina a pedidos nacionales. En 2011 se instalaron en nuestro país 1.050 MW, lo que supuso el menor crecimiento de toda la historia, y respondían a pedidos de aerogeneradores realizados en años anteriores, ya que el largo periodo de maduración de los proyectos eólicos -la media es de 7 años- exige realizar pedidos en fábrica entre 1,5 y dos años antes.
El Gobierno parece haber dado por zanjadas las dudas sobre su apuesta por estas energías, al haber respetado los incentivos a las renovables existentes y registradas. Pero los empresarios consideran que el Ejecutivo aún debe aclarar qué sistema de generación quiere para España. Si, como parece claro, la moratoria renovable no servirá para paliar el déficit, solo falta por saber qué tecnología resultará damnificada para lograr el objetivo.
