La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente registra una deuda acumulada en el servicio de expropiaciones de 20,7 millones de euros generada por el Gobierno anterior de Álvarez Areces, según ha informado este departamento. De hecho, desde la citada consejería se destaca que la situación de prórroga presupuestaria pone a la Administración regional en una situación de especial dificultad para poder afrontar estos compromisos de deuda heredados.
La mayor parte de los 20,7 millones, en concreto 17.103.346,33 euros, tiene su origen en distintas sentencias judiciales sobre varios procesos expropiatorios iniciados por el Gobierno anterior y cuyo pago debe ahora afrontarse en un corto plazo de tiempo.
De hecho, la Viceconsejería de Infraestructuras, según informa su titular, Juan Vega, tenía previsto hacer frente a estos pagos con la partida incluida a tal efecto en los nuevos Presupuestos para 2012. Ahora, con la prórroga presupuestaria, se hace difícil, insisten desde el propio departamento, afrontar estos compromisos, «que van llegando de manera creciente».
A la citada partida de 17,1 millones, hay que añadir, además, unos 3,6 millones de euros, calculados por el Servicio de Expropiaciones, necesarios para hacer frente a los acuerdos del Jurado de Expropiación, depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación en expedientes de obra, intereses, mutuos acuerdos y valoraciones que ya ha realizado la Administración autonómica para procedimientos en marcha.
Para Juan Vega, las expropiaciones de infraestructuras, cuyo pago se reclama vía sentencia, son sólo una «pequeña parte del iceberg, dado que la parte del león de las actuaciones expropiatorias se desarrolló al amparo de sociedades del sector público, los llamados 'chiringuitos», concluye rotundo el viceconsejero.
