Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo) defraudó 1,6 millones de euros entre 2005 y 2010. Es la conclusión a la que llegan los dos inspectores de la Agencia Tributaria que revisaron la contabilidad de la sociedad en el marco del 'caso Renedo' sobre una presunta trama de corrupción. Su informe añade dificultades a una empresa a la que este escándalo privó de parte de los clientes y créditos con los que operaba, obligándola a someterse a la dirección de un administrador concursal.
La investigación añade también a los delitos que ya se imputaban a Víctor Muñiz Menéndez otros de fraude fiscal, penados de uno a cinco años de prisión. Los técnicos sugieren que la responsabilidad por esta presunta evasión alcanza a su hermano Roberto, que en los años señalados era el administrador legal y único de la mercantil.
El informe de los técnicos de Hacienda cifra en 1.085.736 la cuota defraudada en el Impuesto de Sociedades entre los años 2005 y 2010. Sobre el impuesto del valor añadido, la evasión suma 519.767,35 euros en las liquidaciones de 2006 a 2009. ¿A qué responden estas cantidades? Principalmente a los intentos realizados por Igrafo para desgravar los presuntos sobornos que repartía.
En los libros contables de Igrafo, los técnicos de la Agencia Tributaria han encontrado facturas por importe de 1,7 millones que corresponden a viajes, joyas, obras y otros productos de los que disfrutaron José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, y otras siete personas. Parte de los desembolsos eran declarados luego por Igrafo como gastos deducibles, extremo que ahora le niega el fisco recordando el artículo 96 sobre la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. La norma indica que «no podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición de (...) los bienes y servicios destinados a clientes, asalariados o a terceras personas».
Los técnicos han investigado también facturas que Igrafo registró entre 2005 y 2007 por valor de 231.872 euros. Los comprobantes aparecen emitidos por seis autónomos y entre sus motivos se recogen distintas obras en centros educativos. Una vez interrogados sobre el asunto, varios admiten que no hicieron tales servicios, otros desconocen las facturas y hay quien asume que su participación obedece a «quien entonces era un amigo».
El fisco recuerda en todo caso que a raíz de inspecciones precedentes Igrafo realizó en 2006 y 2009 dos regularizaciones parciales sobre algunas evasiones. Tras reconocerle estos abonos a la Hacienda Pública, los agentes rebajan a 1,4 millones el pago que debe hacer ahora la mercantil para poner en orden sus cuentas.
¿Quién deberá hacer frente a este desembolso? La ley sitúa como primer responsable al sujeto pasivo, esto es, la empresa. Eso sí, también reconoce el carácter subsidiario de los administradores en esta deuda fiscal. Formalmente, y en los años investigados, Igrafo sólo tenía un administrador, Roberto Muñiz Menéndez, aunque el informe sitúa a su hermano Víctor Manuel como administrador «de hecho». Cabe recordar quela sociedad se puso en concurso de acreedores y que el plan de viabilidad acordado con las entidades a las que debe dinero recogía el traspaso de la empresa a un grupo de trabajadores.
Mercedes y Jaguar
Cuestión distinta son las responsabilidades penales. La ley establece que la irregularidad adquiere la categoría de delito cuando la cantidad defraudada pasa de los 120.000 euros por impuesto y ejercicio. Así lo determina el 305.1 del Código Penal y en base a él los inspectores observan «seis delitos contra la Hacienda Pública», de los que sólo uno habría prescrito. Las penas por cada delito, como ya se ha dicho, van de uno a cinco años de prisión.
El informe recuerda que en los años señalados «el administrador legal y, único, de la sociedad es Roberto Muñiz Menéndez» aunque «determinado hechos de carácter general y otros vinculados íntimamente a parte de los hechos que soportan la defraudación, pudieran argumentar que junto a Roberto la sociedad dispone de un administrador de hecho, Victor Manuel Muñiz».
Ambos usaban una tarjeta Visa Oro con la que pagaban gastos de representación y se movían en un Mercedes el primero y un Jaguar, el segundo, todo ello a cargo de la empresa. Además Víctor autorizó el 70,2% de las 216 facturas presentadas como gastos de empresa y que el fisco entiende como donaciones a políticos y funcionarios.
