Los recortes anunciados han sido muchos y variados. Y los funcionarios, diana de los ajustes en varias ocasiones, recelan. Lo hacen porque las medidas restrictivas que afectan a la Función Pública son, según los asesores del Gobierno central, las que tienen mejor «venta» entre la ciudadanía. Por eso, cuando Rajoy anunció a finales de año la congelación del sueldo de los funcionarios pocos se sorprendieron.
No ocurrió lo mismo con otra noticia, la del aumento de su jornada laboral en dos horas y media semanales. Lo que en la práctica defienden los sindicatos se traduciría, al trabajar más horas y cobrar lo mismo, en una reducción de su remuneración. Superada la sorpresa inicial. la medida se pensaba que «tendría una aplicación prácticamente nula» entre el funcionariado asturiano, pero han surgido las dudas.
La Federación Española de Municipios (FEMP) remitió hace unos días a los ayuntamientos un comunicado en el que pedía que aplicaran la modificación de la jornada y ello ha provocado una importante confusión entre el funcionariado local.
Para tratar de aclarar el asunto, la Federación de Servicios Públicos de UGT solicitó ayer una reunión de la Federación Asturiana de Concejos (FAC) e hizo público un comunicado en el que explica que «es necesario negociar una postura única en este asunto».
El secretario de Administración local de la Federación de Servicios de UGT, Luis Ángel Campomanes, explicó que «lo lógico es que todas las administraciones actúen igual y nosotros creemos que la medida no afecta a los ayuntamientos».
El Real Decreto 20/2011 de 20 de diciembre, que marca el aumento de la jornada de 35 a 37,5 horas «solo puede aplicarse a los trabajadores de la Administración General del Estado, los cuales ya cumplen en su inmensa mayoría este horario ya que es la jornada establecida desde 1995», según explicó Fernando Sánchez Suárez, coordinador del sector de la AGE en Asturias de CC OO.
Principado
Solo «en algún supuesto como la Dirección General de Tráfico y algunas secciones de Hacienda tienen establecido un calendario laboral de 35 horas», puntualizó, por lo que sólo ellos se verían afectados por el incremento. Y, a su parecer, este debería ser, en todo caso, «renegociado en las Mesas Generales de Negociación», supuesto que aún no ha ocurrido.
En cuanto a los funcionarios del Principado y los ayuntamientos asturianos, «al no tratarse de una norma de carácter básico, no se verán afectados» por la medida, según aseguró Juanjo Villar, responsable de Administración General del Estado de UGT.
Las comunidades autónomas y los consistorios deben negociar las nuevas condiciones con sindicatos y funcionarios en el caso de querer aumentar su jornada laboral.
La pasada semana Comisiones Obreras le preguntó «directamente por esta cuestión» al director general de Función Pública del Principado de Asturias, Rafael Juesas, durante la reunión de la Mesa General de Retribuciones para 2012, donde aseguró, dicen, que el aumento de jornada de los funcionarios asturianos no entraba en los planes del Ejecutivo regional. «Nos dijo que no estaba encima de la mesa del Principado», señaló Comisiones Obreras.
De confirmarse lo defendido por los sindicatos, sin aplicación directa sobre el personal del Principado y los ayuntamientos, y con la mayoría de los trabajadores de la Administración General del Estado cubriendo ya una jornada de 37,5 horas semanales, la medida anunciada por Rajoy apenas tendrá repercusión en la región y su aplicación será mínima.
