«No he quitado multas a nadie». La exconcejala de Seguridad Ciudadana de Carreño, Áurea Gutiérrez, que está acusada de un presunto delito de prevaricación, se reafirmó ayer en su postura ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón. El fiscal mantuvo su petición de inhabilitarla para un cargo público por un periodo que oscile entre los seis y ocho años.
La preguntas formuladas por el ministerio fiscal se centraron, principalmente, en saber por qué decidió solicitar a la funcionaria del departamento municipal de sanciones el traslado de los expedientes a su despacho para ser revisados. Áurea Gutiérrez explicó que fue una orden verbal y que buscaba encontrar soluciones a la gran cantidad de multas de tráfico que la Policía Local estaba poniendo. En este sentido, la exedil dijo que su decisión «obedeció en todo momento a la gran presión del pueblo que venía recibiendo a diario. Personalmente, no podía creer que sucediera algo así», añadió. Tras abundar en que su interés en revisar las sanciones «era comprobar que estaban tramitadas correctamente», indicó que «luego pude comprobar que así era». De hecho, afirmó que se había puesto en contacto con el jefe de la Policía Local para trasladarle que estaban bien puestas.
Pero la cuestión de fondo que debía quedar esclarecida ante la juez era si consultó previamente esa decisión de trasladar los expedientes a su despacho, ya que dicha petición podría ser constitutiva de algún tipo de delito. A esta pregunta, Áurea Gutiérrez respondió que desconocía este detalle y que, de haberlo sabido, no hubiera tomado nunca dicha postura. También mantuvo en todo momento que la actitud de los agentes de la Policía Local no era la habitual y, para ello, se amparó en datos de años anteriores en los que, por las mismas fechas, las sanciones de tráfico eran notablemente inferiores.
Durante el turno de la declaración de testigos, se solicitó el testimonio de uno de los agentes de la Policía. A preguntas del letrado de la defensa, Luis Tuero, explicó que el origen de la denuncia fue la comprobación durante una inspección rutinaria de los locales del Ayuntamiento de la existencia de una gran parte de los expedientes en el despacho de la también teniente de alcalde. En cuanto al incremento de multas de tráfico, el policía negó que el incremento obedeciera a la protesta por no haber aplicado la recalificación de sus puestos de trabajo. Y justificó las sanciones en las circunstancias del momento, como la prohibición de aparcamientos en el paseo, hasta entonces permitidos, por los desprendimientos del monte y el cierre al tráfico de la calle de Valdés Pumarino.
La siguiente en declarar fue la funcionaria responsable del departamento de Disciplina Urbanística y Sanciones. En su exposición, admitió que había recibido la orden verbal del traslado de expedientes al despacho de la también primer teniente de alcalde y regidora en funciones entonces. También admitió que no había consultado con el secretario municipal si la actuación de la concejala incurría en alguna posible ilegalidad. No obstante, según consta en el sumario, sí informó a este departamento por escrito de la orden verbal dada por Áurea Gutiérrez. Una precisión que sirvió a la defensa para trasladar la culpa a los funcionarios por no haber advertido a la demandada de una ilegalidad.
En el transcurso de la vista se puso de relieve que el número de sanciones durante los meses de junio a octubre de 2009 fue de 1.496, de las que 518 no fueron tramitadas. Tras efectuar las consiguientes comprobaciones, se pudo ratificar que estas denuncias habían sido abonadas directamente en el Ayuntamiento. De igual modo, se comprobó que las denuncias relacionadas con su entorno fueron tramitadas correctamente.
Otros de los testimonios requeridos por las partes en litigio fue el del alcalde, Ángel Riego, quien se ratificó en el conocimiento de la decisión de la concejala, así como el del exconcejal de URAS, Joaquín Rodríguez.
Finalmente, el fiscal mantuvo la petición de una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, al estimar que su actuación había causado una «alteración» del procedimiento. Asimismo, admitió que no había «interés personal» en beneficiar a personas allegadas a la edil
