El juez concluye que la Unión Temporal de Empresas formada por Tradehi y Augescon incumplió el contrato con Fiaga y «debe responder por el daño producido». Es la principal conclusión a la que llega la sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 del proceso emprendido por la UTE contra la constructora del Palacio de Congresos que promovió Jovellanos XXI.
La subcontrata le reclamaba el pago de 700.000 euros de un pagaré (660.000 más los gastos bancarios) que no había cobrado cuando Fiaga decidió romper el contrato con la UTE. Las empresas no conseguían anclar las costillas al arco móvil, se producían continuas fracturas en las soldaduras, y tanto ellas como Fiaga, Jovellanos XXI (la promotora) y el estudio del arquitecto, Santiago Calatrava, decidieron que la cubierta quedaría fija temporalmente.
Aunque el juicio celebrado a finales de septiembre trataba de dilucidar si Fiaga pagaba o no la cuantía que la UTE le reclamaba, buena parte se centró en la responsabilidad de Tradehi y Augescon y en su capacidad para ejecutar el proyecto contratado. El arco móvil, dejaron constancia todas las partes en el juicio y la sentencia lo recalca ahora, es el «elemento característico» del complejo y «el incumplimiento» de la UTE «derivó en un cambio del proyecto inicial y en la pérdida de movilidad de la cubierta con la amputación» de su singularidad.
Según el juez, el incumplimiento de la UTE «es grave» y generó una «frustración del fin del contrato», algo que, en su opinión, «es suficiente para resolverlo». Es decir, para que Fiaga exigiera en marzo de 2011, dos meses antes de la fecha de apertura del palacio, que los trabajadores de Tradehi y Augescon no volvieran por la parcela de Buenavista.
Por lo tanto, la demanda contra Fiaga queda sin ejecución y el juzgado levanta los embargos preventivos que se habían acordado. Impone el pago de las costas derivadas del juicio a la UTE. La sentencia deja abierta la posibilidad de interponer un recurso de apelación que la demandante ya estudia.
Según los plazos que marca el juez debería hacerlo esta semana o la próxima. Después trasladaría el documento con los argumentos que considere oportunos a la demandada que, llegado el caso, se opondría al recurso. Volvería entonces al juzgado hasta que la Audiencia Provincial confirme la sentencia, un proceso que podría prolongarse entorno a los seis meses.
Este es el segundo juicio derivado de la construcción del complejo congresual, pero es más que previsible que haya nuevos procesos. Los abogados de Fiaga avanzaron nuevos pleitos ya en este juicio cambiario: reclamará a la UTE los 2,2 millones de euros que, según la constructora, tuvo que pagar para reparar lo ejecutado hasta el momento en el que rompió el contrato con las empresas. El juez que emite la nueva sentencia deja esa posibilidad abierta en varias ocasiones por la complejidad del proceso derivada de «la magnitud» del edificio.
Las razones
El argumento principal en el que se basa el magistrado responsable del Juzgado de Instrucción número 11 para sostener que la UTE incumplió el contrato pasa porque Fiaga es una empresa especializada y cualificada para ejecutar las obras adjudicadas, y no lo hizo. Ambas características, además del plazo de ejecución (Jovellanos XXI tenía congresos contratados para mayo), estaban incluidas en la oferta técnica por la que la constructora encargó solucionar el sistema de movimiento de la cubierta del palacio. Ni el momento de firmar aquél contrato y tampoco en su desarrollo, la UTE «objetó reparo alguno», subraya la sentencia con fecha de 9 de enero.
Explica, incluso, que en ese documento se comprometía a desarrollar los sistemas de accionamiento, la ingeniería de taller, el montaje y verificar los cálculos de la estructura realizados por el estudio de Calatrava. Insiste el juez en que la responsabilidad de la UTE aumenta cuando decide (con el visto bueno del resto) subdividir el arco móvil instalado en 32 tramos para posteriormente soldarlo a las costillas. Y el detalle de las soldaduras, que en el proyecto estaban definidas en líneas generales, le correspondía a la UTE, se desprende de la sentencia.
Este es el segundo pero, probablemente, no será el último fallo derivado de la construcción del palacio. Ambos procesos han revelado continuos tropiezos empezando por que arrancó sin proyecto, siguiendo por que el redactado se fue revisando sobre la marcha y acabando por un sistema de comunicación que planteó dudas, un responsable de obra (Calatrava) que apenas pasó por ella, una pintura oxidada y una visera fija. En el primero, el juzgado condenó solidariamente a las partes al pago de los 3,5 millones que quería recuperar Allianz por el derrumbe de parte del edificio en 2006. A falta de que sea firme, se vislumbran nuevos pleitos.
