El presidente de la Autoridad Portuaria, Raimundo Abando, anunció ayer que «en los próximos días» se formalizará «una demanda civil» en la que se solicitará «la anulación de las decisiones adoptadas por la Fundación del Centro Niemeyer en febrero y junio del pasado año». En caso de que prospere esa actuación judicial, los cambios estatutarios y del organigrama de la entidad serían «nulos de pleno derecho». De ese modo, entre otros efectos, el ejecutivo discográfico Manolo Díaz «nunca habrá sido el presidente de la Fundación».
El presidente del Puerto y, por tanto, patrono de la Fundación del Centro Niemeyer, señala que cuenta con argumentos suficientes para emprender dicha acción judicial. El anuncio se produce además después de que se suspendiera la convocatoria de la reunión del patronato resultante de aquellos cambios estatutarios, prevista para el pasado lunes debido al adelanto electoral. Para Abando, esa decisión es una prueba más «del oscurantismo» que envolvería, a su entender, la gestión de la entidad.
Abando argumentó que pretendía plantear en dicho encuentro una serie de preguntas acerca de las cuestiones que estima discutibles de la gestión de la Fundación y que, en caso de que de ellas se derivaran responsabilidades de algún tipo, recaerían en los propios patronos.
Por eso, dijo, el Puerto analizará las posibilidades existentes tanto para anular la actual configuración del patronato y su organigrama, como para forzar, en su caso, la convocatoria de la frustrada reunión del lunes.
Así pues, el presidente de la Autoridad Portuaria planteaba ayer la posibilidad de que se abra una nueva vía judicial que podría tardar «varios años» en resolverse en caso de que no hubiera un acuerdo previo. Con todo, señaló que cuenta con informes elaborados «por un prestigioso bufete de abogados del Estado español», que observa varias supuestas irregularidades, como el hecho «de que un patrono honorario como el ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, tenga derecho a voto». No obstante, la cuestión más grave, en la que se basará la demanda, es la relativa a la inexistencia del «obligado quórum de dos tercios» del patronato en la aprobación de las modificaciones estatutarias cuestionadas.
Abando indicó que la Autoridad Portuaria planteará la demanda independientemente de la decisión que tome el Principado. No obstante, añadió que «entonces se verá si nos sumamos a la de la consejería de Cultura o ellos a la nuestra, lo que no tiene sentido es que tengamos dos demandas en marcha sobre el mismo tema».
Gastos de personal
Durante su comparecencia, Raimundo Abando relató algunas de las cuestiones que espera plantear en el patronato de la Fundación, entre los que destacó las circunstancias en que se decidieron los emolumentos a percibir por los gestores del centro cultural, que según sus cálculos ascienden a un total de «470.000 euros para siete personas».
También informó de su pretensión de conocer las razones por las que se decidió «desadjudicar» la instalación de las butacas del auditorio «que el anterior Gobierno del Principado había adjudicado a Igrafo». Según Abando, «en cuanto se destapó el 'caso Renedo' se produjo la 'desadjudicación' y la Fundación asumió directamente la compra de las butacas por un tercio de lo que se había adjudicado a Igrafo», indicó.
