El Ministerio de Fomento remitió en los primeros días del pasado mes de noviembre a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el proyecto de integración de las infraestructuras ferroviarias en Avilés. Comenzaba en ese momento a correr los tres meses de plazo que este organismo tenía para formular la declaración de impacto ambiental, paso previo a la aprobación definitiva del estudio. Sin embargo, esta tramitación se ha visto interrumpida ya en el mes de noviembre y de momento no ha vuelto a reiniciarse.
Las razones, según ha podido saber este periódico, son puramente burocráticas. El Ministerio de Medio Ambiente ha devuelto al de Fomento el documento por «tramitación insuficiente durante la información pública». La ausencia en el expediente de informes de los ayuntamientos de Corvera y de Gozón sobre el proyecto para la integración del ferrocarril hace que el proceso de información pública llevada a cabo la pasada primavera no haya sido completo, según entiende Medio Ambiente.
El error se detectó el pasado 30 de noviembre, con el Gobierno central en funciones tras las elecciones generales del 20-N. Con todo, no es hasta el pasado 20 de enero cuando Medio Ambiente pide al de Fomento documentación complementaria del estudio de impacto ambiental, una documentación que no es otra que los informes sobre el proyecto que tendrán que emitir los ayuntamientos de Gozón y Corvera. De momento en este último consistorio no se ha recibido todavía esa petición, según indicó el concejal de Urbanismo, Enrique Bueno.
No obstante, el edil corverano recordaba que el proyecto diseñado por los técnicos del Ministerio de Fomento no afecta al territorio de Corvera, con lo que el informe que se emita desde su Ayuntamiento no interferirá en el proyecto que ya se había remitido a Medio Ambiente. En principio, lo mismo debería suceder con el concejo de Gozón, cuyo territorio no se ve afectado por el plan para las vías. De esta forma Fomento podría volver a remitir el mismo documento a Medio Ambiente para reiniciar su tramitación.
La presencia en el expediente de estos informes de los ayuntamientos de Gozón y Corvera es preceptiva, ya que en el inicio de la tramitación del proyecto de integración de las infraestructuras ferroviarias de Avilés se indicaba que entre las administraciones afectadas, además de la de Castrillón, también podrían estar las de Corvera y Gozón en función de la solución que se adoptase.
Nuevos tiempos
Superado este nuevo plazo de información pública para los dos consistorios vecinos, el Ministerio de Fomento volvería a remitir al de Medio Ambiente (ahora de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) el estudio informativo junto al expediente resultante de la información pública llevada a cabo. Con esa documentación, dispondría de tres meses para la formulación de la declaración de impacto ambiental, que posteriormente sería publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Si no surgen nuevas complicaciones, esto podría suceder en los meses del verano. Se pondría fin así a un trámite que arrancó en febrero de 2008, cuando el Ministerio de Fomento, el Principado y el Ayuntamiento firmaron el convenio con el que las tres administraciones se comprometían a estudiar un proyecto para la eliminación de la barrera ferroviaria en Avilés.
Con la declaración de impacto ambiental aprobada, será el momento de la redacción del proyecto definitivo. El pasado mes de abril, las tres administraciones firmaban una addenda al convenio inicial en el que comprometían sus aportaciones económicas para completar los 380 millones del presupuesto del proyecto.
El nuevo trazado ferroviario que discurriría paralelo a la Variante de la N-632, así como los dos nuevos apeaderos, se financiarían por el Ministerio de Fomento, cuya aportación se podría reducir, en su caso, con las posibles plusvalías generadas por esos apeaderos en los nuevos desarrollos urbanos colindantes con el trazado, los previstos en el nuevo área de desarrollo urbano de La Llamosa y El Gaxín.
Por su parte, el Principado y el Ayuntamiento comprometían en esa addenda la inversión de 92 millones que se destinarían a la construcción de la nueva estación intermodal en la calle del Marqués de Suanzes y a convertir el paso de Feve por la ciudad en tranvía.
Las tres administraciones comprometían también la realización de un estudio, en coordinación con los administradores ferroviarios (Adif y Feve), sobre las posibilidades de obtener plusvalías urbanísticas sobre los suelos ferroviarios liberados en este proyecto, u otros terrenos de titularidad municipal que pudieran contribuir a la financiación de la operación.