El Tribunal Supremo considera que la decisión de Hunosa y VidaCaixa de aplicar un descuento del 0,6% -diferencia entre el IPC previsto y real del año 2008- a la actualización de la paga de los prejubilados de la hullera durante las mensualidades subsiguientes al año 2009 y en contra de lo firmado en el convenio colectivo 2006-2012, no fue ajustado a derecho. De esta forma, el alto tribunal da la razón al SOMA-FITAG-UGT que interpuso un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que validó esta actuación tras la modificación del Real Decreto que regula la percepción de estos trabajadores. Según explicó ayer el sindicato, el desacuerdo se basó en las constantes contradicciones sobre el contenido de dicha norma. En un primer momento, explica, la intención del Gobierno fue la congelación salarial, «a la que la federación se opuso»; después, el Consejo de Ministros aprobó la eliminación de la cláusula de revisión salarial según el IPC real y decidió que sólo se les aplicaría la subida del IPC previsto y, finalmente, «en una decisión unilateral», el Gobierno volvió a cambiar su criterio estipulando en el Real Decreto que a los trabajadores se les aplicará un incremento máximo del 1,5% en 2011, lo que conllevó la presentación de las correspondientes demandas.
Durante el proceso de información que ha llevado a cabo el sindicato en los centros de trabajo de cara a la próxima reunión de la comisión de seguimiento del plan minero, ha constatado la «inquietud» de los trabajadores de la hullera sobre el futuro. En este sentido, el sindicato ha solicitado una reunión con el presidente de la SEPI para poder realizar una valoración más acertada del plan de empresa en sus diferentes parámetros.
