Manuel Mesa recibió una carta en su piso de Prado de la Vega con remite de la Consejería de Bienestar Social hace dos semanas. Pensó que era la llegada del dinero que, según explicó ayer, le habían comprometido, unos 6.000 euros, cuando adquirió su Vivienda de Protección Autonómica (VPA). Pero al abrirla, leyó una mala e inesperada noticia: el Principado le comunicó que, por motivos excepcionales, no lo recibiría.
«Cuando la compramos, hace un año, nos pidieron un montón de papeles y vino todo aprobado del Gobierno regional. Lo que está ocurriendo ahora es una aberración. Si me llegan a decir que no hay dinero, igual me planteaba comprar una vivienda libre», lamentó ayer. En su caso, se trasladó al barrio con su mujer y sus dos hijas pensando que dicha ayuda le serviría para reducir la inversión de los 180.000 euros que le costó la vivienda. Solo entre su portal y el vecino, ambos construidos por Urcova, existen «al menos 25 personas» en su misma situación.
Hay muchos afectados más en Prado de la Vega, el barrio cercano a nuevo Hospital Universitario Central de La Cadellada y La Corredoria. Según el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo (PGOU), en esta zona de medio millón de metros cuadrados se levantarán 3.442 viviendas, el 60% de protección. Y con el pinchazo del sector inmobilario, la mayoría de las construidas y vendidas son estas últimas, ya que las ayudas públicas, tanto las estatales como las autonómicas, contribuyen a pagarlas. El presidente de la asociación de vecinos Prau de la Vega, Iván López Cascallana, estima que los compradores excluidos de la convocatoria, pese a reunir las bases se cuentan por centenares, ya que no solo se limitan a Oviedo, sino que se reparten por el resto de Asturias, como en Gijón y Avilés.
Mañana, a las once de la mañana, los residentes de Prado de la Vega se reunirán frente a la sede de la consejería para reclamar la ejecución del plan de ayudas a la adquisición de viviendas. «El Gobierno regional reconoce que tienen derecho, pues cumplen los requisitos exigidos en las bases, por las que las que los vecinos se decidieron a comprar sus viviendas, pero el Principado se niega a hacer frente». A los que han acudido a reclamarlas, les han dicho «que se había acabado el dinero» y no había más.
Con la protesta presentarán recursos y «denunciarán públicamente la mala gestión y el engaño a la que se han visto sometidos por parte del Gobierno regional». Para López, la negativa a los pagos ha «desequilibrado» a muchas familias: «No es lo mismo una subvención de 450 euros que una así, que te ayuda a pagar muebles, a dar adelantos... Alguno igual hasta tiene que vender el piso».
En su opinión, puede haber dos salidas a la situación: que el Principado aumente la agotada subvención de 1,5 millones de euros del año pasado; o que, aunque esta última sea menos válida, se les permitan formar parte de los beneficios de las ayudas de este año y que les sitúen en puestos de entrada para cobrar cuanto antes.
«Vamos a luchar»
La campaña para adherirse a su petición ya circula por los foros de internet e incluso estudian constituir una plataforma con el resto de afectados de Asturias. Además, quieren solicitar una reunión con la consejera de Bienestar Social, Paloma Menéndez Prado. «Vamos a luchar», secundó ayer Mesa.
Si Luis José García hubiera sabido de antemano que el Principado no le concedería la ayuda también hubiera apostado por una vivienda libre. Él compró sobre plano en 2008 un piso de tres habitaciones, también en la calle Los Trapotes, por 168.000 euros, y solicitó la ayuda después de pagar su primera letra, dos años después, como marcan las bases de la convocatoria. Pidió el dinero el año pasado y el 21 de enero de 2012 le llegó la misma carta que a Mesa.
En su caso, por ser menor de 35 años, contaba con los 8.000 euros del Principado, pero se ha quedado solo con los 10.000 del Estado. La convocatoria regional establece como máximo 3,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples y él no llega a ese máximo, sino que está en el 2,5. El problema, explicó ayer, es que las subvenciones se reparten en función de menos ingresos a más y en este caso, solo han llegado hasta los que ingresan el 2% porque la partida se ha quedado corta.
«De haberlo sabido, por un poco más hubiera comprado una vivienda libre», continuó. Así no tendría que cumplir las condiciones establecidas a la hora de adquirir una protegida, como no poder venderla antes de diez años sin devolver la ayuda pública más los intereses. En su caso, si quiere deshacerse de la vivienda, deberá entregar la ayuda estatal.
Los afectados esperan que la Consejería de Bienestar Social les de una solución. Ayer, el Principado pospuso para hoy la respuesta a estas peticiones.
