El magistrado-juez Ángel Sorando, instructor de la presunta trama de corrupción del 'caso Renedo', ha citado para los días 23 y 26 de marzo a seis personas que declararán en calidad de imputadas. Todos son funcionarios y fueron señalados por los peritos de la Agencia Tributaria como presuntos beneficiarios de «atenciones o liberalidades» pagadas por Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo). El listado incluye a un supervisor de compras del Ayuntamiento de Mieres, un director de escuela Universitaria, una responsable del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y un empleado del antiguo Inem. Hay también un letrado de la Administración y una trabajadora de la Seguridad Social.
Los peritos entienden que disfrutaron de viajes, comidas y reformas por las que Igrafo desembolsó 71.690,1 euros. En la contabilidad de la empresa se registraron como gastos todos estos servicios, sin que los inspectores pudieran luego encontrar comprobantes que acrediten que los supuestos beneficiarios reintegraron los fondos. Pese al argumento, al menos uno de los citados remitió esta semana al juzgado facturas y comprobantes que demostrarían que sí pagó de su bolsillo estas presuntas dádivas. De confirmarse su inocencia, cabría la posibilidad de que la empresa no hubiera declarado lo que en el fondo eran ventas a particulares para poder así desviar a su 'caja b' lo cobrado a estos clientes.
El asunto deberá ahora dirimirse en sede judicial. El magistrado-juez opta por citar a los seis en calidad de imputados para que así reciban en los próximos días una copia del informe que los señala y ofrezcan las explicaciones pertinentes con el apoyo de un letrado. La otra opción que tenía Sorando era convocarles como testigos, pero en este supuesto no se les advertiría de los datos que les han ligado al caso, se someterían a un interrogatorio desprovistos de abogado y con la obligación de decir la verdad so pena de acabar en prisión.
Una vez presten declaración los días indicados, el instructor decidirá si les retira la condición de imputado en el 'caso Renedo ' o se la confirma, en cuyo caso deberá emitir un nuevo auto que concrete los delitos que les atribuye provisionalmente.
Los técnicos de Hacienda cerraron el informe el pasado día 1, acordando el magistrado-juez las citaciones dos días después. En el documento señalan también presuntas prebendas que Igrafo dispensó a María Jesús Otero, Marta Renedo, José Luis Iglesias Riopedre y su hijo.
Por cierto que en el mismo auto Sorando solicita al Principado el certificado de las tomas de posesión y cese de Iglesias Riopedre y Otero. Sobre el asunto existía cierta discrepancia. Según el Boletín Oficial del Principado, el 4 de agosto de 2010 el entonces presidente Vicente Álvarez Areces aprobó el cese de su consejero; curiosamente, el 5 de agosto, cuando se supone que no tenía competencias, Iglesias Riopedre firma el cese de la directora general.
