El Partido Popular abogó ayer por la suscripción de un pacto sobre la política de personal en el Ayuntamiento a la vista de la sucesión de sentencias contrarias a los intereses municipales que se vienen produciendo en los últimos años. «Es necesario un acuerdo entre los grandes partidos, que tenemos que ser partícipes de un política de personal que debe superar el ámbito de un mandato», afirmó su portavoz, Constantino Álvarez.
El concejal del PP entiende que la falta de una política consensuada y cierta actitud «partidista» por parte del gobierno socialista ha llevado a una situación en la que se suceden sentencias como la que declara ilegal la designación 'a dedo' de los jefes de área del Consistorio. «Esta sentencia pone en evidencia lo irregular de la contratación a dedo, del enchufismo, de la designación del amigo del concejal de turno o como se quiera decir», protestó Álvarez, quien entiende que esa práctica supone además un alto coste para las arcas municipales.
«Funcionariado afín»
«Llevamos una larga lista de sentencias que han obligado a un muy importante desembolso en forma de indemnizaciones, salarios de tramitación y costes procesales», apuntó el portavoz del PP, quien insistió en que ello responde «a todo un proceso que pretendía crear un funcionariado afín al gobierno, en vez de contar con los mejores profesionales al servicio del ciudadano».
En ese sentido, Constantino Álvarez indicó ayer que ha solicitado a través del registro municipal que le sea remitido a su grupo una relación del coste que ha supuesto para el Ayuntamiento el conjunto de procesos judiciales por cuestiones laborales que se han producido desde el año 2007. La petición del PP incluye no sólo indemnizaciones, salarios de tramitación y otras compensaciones a los trabajadores afectados, sino también los costes procesales incluidos los informes que en cada caso se hayan encargado a bufetes de abogados externos.
En su comparecencia, el PP recordó sentencias como las que obligaban a contratar a los trabajadores de planes de empleo, «a los que luego se aplicó un ERE», o los relativos al despido de los trabajadores de las piscinas o a la contratación irregular de los empleados de la empresa municipal de servicios, entre otros.
Por otraparte, ayer el sindicato CSIF, que ganó la última sentencia, aclaraba que finalmente el Ayuntamiento está obligado a convertir 96 puestos de laborales en funcionarios, en lugar de los 63 que se había dicho inicialmente.
