La Dirección General de Administración Local aprecia «defectos procedimentales» en el decreto del alcalde de Tapia, Manuel Jesús González, que obligó a la empresa minera Asturgold a paralizar los sondeos iniciados para determinar la viabilidad de extraer el oro de Salave a través de una galería.
En el informe jurídico remitido al Ayuntamiento, el día 2, el órgano regional expone que, «habida cuenta de la ambigua redacción dada al decreto de Alcaldía», no queda claro si la paralización de los estudios geotécnicos se sustenta en la falta de licencia municipal o en que la declaración responsable que presentó la empresa, horas antes de iniciar los trabajos, está incompleta o es errónea: «Este hecho, ya de por sí llamativo, supone un defecto formal relevante», apunta Administración Local, que atribuye al Ayuntamiento la competencia de indicar el permiso requerido. En todo caso, el documento expone que si el motivo de la suspensión de los trabajos es la falta de licencia «el Ayuntamiento debería haberlo manifestado así en el decreto de Alcaldía». Si hubiera sido por defectos en la declaración responsable, «con carácter previo a dictarse un decreto acordando la paralización de los sondeos, procedería haber cursado el debido trámite de audiencia al interesado» para que subsanara los datos erróneos y aportara la documentación que faltara.
El informe fue solicitado por el exteniente de alcalde, Ernesto Maseda, al asumir la resolución del recurso presentado por la empresa contra la paralización los sondeos después de que el Pleno aprobara la recusación del alcalde.
Recusaciones pendientes
El edil de Foro Asturias, Guzmán Fernández, valoró que el informe «da la razón a los que dijimos que los sondeos no se podían parar así. Asturgold tenía los permisos necesarios y eso puede dar lugar ahora a que presente una reclamación económica, ya que tener los trabajos parados le cuesta 5.000 euros diarios». Por su parte, el alcalde de Tapia defendió la legalidad del decreto, sustentado en informes del secretario y aparejador municipales y de los servicios jurídicos.
Además, recalcó, como consta en el documento, que el informe «no es preceptivo ni vinculante, actuando como complementario a cualquier otro que en derecho pudiera proceder». Además, añade Administración Local, «no suple en modo alguno a otros informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir para la válida adopción de los acuerdos».
Y es que el documento del Principado puede ser fundamental para resolver el recurso presentado por la compañía minera, que continúa siendo responsabilidad de Maseda. No obstante, habrá que esperar a la resolución de la recusación presentada contra este edil por la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza. De hecho, el alcalde indicó que «estamos en fase de notificación a los interesados, que tendrán un día para contestar. A partir de ahí, en 15 días, yo resolveré y, después, se abordará el recurso, que tendrá que resolverlo quien no esté recusado ni en causa de abstención».
