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La Audiencia Provincial desestima el recurso de la USPC por el caso Risco Alto

Corvera

La Audiencia Provincial desestima el recurso de la USPC por el caso Risco Alto

Acusaban a miembros del PSOE y funcionarios de fraude, falsedad documental, prevaricación o estafa

11.02.12 - 02:39 -
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La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso interpuesto por la Unión Social Progresista de Corvera contra varios miembros del PSOE de Corvera y funcionarios municipales por el caso Risco Alto, según informó ayer el Gobierno local.
Este suceso se remonta al año 2008, cuando con el actual alcalde, José Luis Vega, al frente del Ayuntamiento, se desarrolló una operación de permuta de terrenos con la empresa Risco Alto para permitir la culminación de una red de abastecimiento. En la querella inicial, la USPC acusaba Gobierno de PSOE e IU de haber pagado, a través de la sociedad Sogetesa, 220.000 euros por una parcela que estaba tasada por la arquitecta municipal en 13.925.
La demanda fue sobreseida en los juzgados de primera instancia de Avilés aunque, posteriormente, la Audiencia ordenó reabrir el caso y practicar una serie de diligencias al apreciar posibles hechos delictivos.
Ahora, según expuso ayer el Gobierno local, la propia Audiencia desestima el recurso al entender que «las cantidades pagadas por Sogetesa a la empresa Risco Alto obedecían a conceptos indemnizatorios, después de que se hubiera llegado a un acuerdo entre las partes para solventar los perjuicios sufridos por Risco Alto como consecuencia de la modificación del Sapu-I».
Según expone el Gobierno local, en la sentencia se recoge que «dicho importe fue abonado por Asproas (otra promotora), quien lo entregó a Sogetesa para su traslado a Risco Alto, por lo que los intereses municipales no están afectados con esta actuación».
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Corvera, Rafael Alonso, uno de los acusados en la demanda de la USPC, manifestó ayer que esta sentencia viene a ratificar que el caso no era más que «una de las maniobras rencorosas y vengativas que orquestaba la USPC».
Rafael Alonso señaló que este tipo de juicios se pagaban además con dinero público, ya que la USPC los iniciaba desde su posición de Gobierno «sin importarle pagar a un abogado de su confianza, que en el momento del cambio de Gobierno tenía contratados una docena de juicios».
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