La reforma laboral de 2010 precisó algo más los motivos para el despido objetivo, que se refieren a razones «económicas, técnicas, organizativas o de producción». La demostración de estas causas por parte de la empresa debía pasar por el juzgado, que si aprobaba y declaraba procedente la extinción del contrato, se saldaba con una indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Según los datos del Ministerio de Empleo, el año pasado se registraron 191.500 despidos por estas causas.
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