Los problemas en el colegio Veneranda Manzano y en otras zonas de Oviedo como La Tenderina, Severo Ochoa o la avenida de Galicia por la presencia de «gatos errantes» y los focos de insalubridad llevan años produciéndose. El Ayuntamiento pretende poner fin a las denuncias de los vecinos con un decreto en el que se prohibe la alimentación a los animales callejeros en lugares públicos, especialmente en las zonas donde se hayan detectado tale problemas.
Analizadas las denuncias y escuchadas las alegaciones pertinentes, tanto de miembros de asociaciones vecinales como de protectoras de animales, el edil de Sanidad y Atención al Ciudadano, Jaime Reinares, ordenó este decreto con el que se procederá también a la recogida de animales para su conducción a un centro de depósito. Tras ocho días hábiles, si el animal no ha sido reclamado, será considerado como abandonado y pasará a propiedad municipal.
Hace menos de un mes, profesores, alumnos y padres del colegio Veneranda Manzano se manifestaban pidiendo la retirada de los gatos, que finalmente parecen haber conseguido. El decreto explica que «se evitará, por los medios posibles, que allí existan animales errantes, eliminando el foco de insalubridad denunciado».
Son muchos los que llevan buscando esta respuesta durante años, sin embargo el decreto no parece convencer a todos. Alejandro Vidal Baqueiro, secretario de la Asociación Amigos de los Gatos, muestra su desacuerdo. «Los gatos no son propiedad de nadie; estos felinos callejeros no son animales abandonados, sino que han nacido libres y deben seguir siéndolo en su entorno o hábitat urbano», alega. Por su parte, Liliana López Pando, en nombre de la Plataforma Ciudadana Pro Animales de Oviedo y de la Asociación de Carácter Felino, se opone al traslado de los gatos al albergue municipal. «No están abandonados, sino que son cuidados por personas integrantes de distintas asociaciones de la ciudad, alimentados, con cartillas sanitarias, esterilizados y desparasitados», explica.
El nuevo decreto adoptado por el Ayuntamiento es una medida dispuesta adoptada para los casos de asentamiento o quejas vecinales.
