El Gobierno asturiano reclama a los ayuntamientos la devolución de seis millones de euros después de que los consistorios no emplearan a trabajadores que se beneficiaron de los planes de empleo, tal y como se había acordado en el pacto de la concertación social. Hasta ahora, según reconoció el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Antonio de Luis Solar, la Administración regional no exigía el reembolso de las cantidades a aquellos consistorios que no cumpliesen con los pactos incluidos en el ACEBA, que obligaban a las entidades locales a incorporar a empresas a los operarios procedentes de los planes de empleo.
La delicada situación de los ayuntamientos ha impedido, según explicó Antonio De Luis Solar, asumir los compromisos pactados. Piden comprensión al Gobierno y plantean una salida negociada «que evite que los municipios tengamos que hacer frente a un importante desembolso económico».
El plazo para cumplir con las exigencias del Principado ya finalizó, reconoció el presidente de la FACC, y algunos ayuntamientos están pendientes de que se resuelva sobre las alegaciones que han presentado. El Servicio Público de Empleo, según la versión de los ayuntamientos, es consciente de las circunstancias, pero entiende que su reclamación está fundada y por eso pide el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco de la concertación social. La situación no es nueva. La diferencia es que el anterior Gobierno, presidido por Álvarez Areces, nunca había solicitado la devolución de los fondos a los consistorios.
La FACC ha trasladado ya al Ejecutivo su disposición a iniciar un diálogo para buscar la «mejor respuesta posible» a un problema que afecta a muchos ayuntamientos del Principado. Esta es una de las resoluciones que adoptó ayer la comisión ejecutiva de la federación de municipios, que abordó, entre otras cuestiones, las consecuencias de la prórroga presupuestaria en las partidas que reciben los concejos de la Administración regional.
«Definir el escenario»
Consideran «fundamental» que el Ejecutivo defina «con claridad» el escenario previsto sobre transferencias. Aseguran que es la única manera para garantizar la continuidad de algunos servicios que prestan los consistorios.
El plan concertado de servicios sociales, los telecentros o las oficinas de información juvenil son algunas de estas prestaciones que pueden verse afectadas por la incertidumbre sobre las partidas que transfiere la Administración regional. Incertidumbre como la que también existe sobre la contratación de trabajadores a cargo del denominado como salario joven.
Los ayuntamientos, según expuso Antonio de Luis Solar, no conocen tampoco la cuantía del fondo incondicionado del que hasta ahora disfrutaban los ayuntamientos y que se convirtió, según sus propias palabras, en una «herramienta básica» para acometer infraestructuras y actuaciones «indispensables». Conocer este capítulo es básico para los concejos antes de elaborar los presupuestos municipales para el presente ejercicio.
