Con un 18%, Asturias presumía de tener la menor tasa de fracaso escolar del país cuando el consejero del ramo, José Luis Iglesias Riopedre, presentó su dimisión «con carácter inmediato» por problemas de salud. En aquellos meses de 2010 su compañera en el Consejo de Gobierno, Ana Rosa Migoya, repetía que el 21,7% de los hogares tenían acceso a la banda ancha de internet, el sexto mejor número de España, al nivel de Madrid. Tras los logros había mucho esfuerzo, trabajo bienintencionado, y un caudal de inversión pública que no siempre llegó a donde debía. O eso puede desprenderse ahora de la investigación del 'Caso Renedo'.
El foco puesto sobre la funcionaria Marta Renedo ante la sospecha de que participara de una trama de corrupción fue el comienzo. Su pista llevó a los agentes a un hilo que terminó poniendo en la cárcel como preso preventivo al propio Iglesias Riopedre. Contaba 71 años y pasaba por ser un hombre austero hasta la tacañería, de los mejores amigos del entonces presidente, Vicente Álvarez Areces; el nombre menos sospechoso de la clase política regional.
La instrucción que va desde la primera al segundo sigue abierta y tras dos años de pesquisas afloran supuestas irregularidades por valor de 15 millones. En el sumario se desvelan corruptelas y 'agujeros' que el sistema ofrece para atraerse el dinero público. Marta Renedo, la funcionaria cuyos excesos dieron la voz de alerta, es un buen exponente. La policía teme que valiéndose de los datos de una argentina a la que hubo de hacer una gestión, se abrió dos cuentas bancarias en 2001 y 2002. Trabajaba entonces en Bienestar Social, donde impulsó luego subvenciones a favor de esta señora, Pilar F., sin que ella supiera. Más tarde entra en Cultura y mantiene la misma dinámica, -otorgando contratos a Pilar F., primero, cosa que completa inventándola una empresa de servicios, Oxiplans, que jamás existió.
Renedo promociona, aumenta sus lujos, y se cree que abrió nuevas cuentas a nombre de Severina B. y Azucena V. A tres empresas a las que adjudicó contratos pagados por adelantado les convence de que no hace falta ya que hagan el encargo y les da los números de cuenta de estas mujeres para que devuelvan el dinero. Desde 2005 consigue que la empresa de material de oficina Igrafo le ingrese fondos, siempre a final de año, presuntamente porque entonces daba a la mercantil el remanente de tesorería de algunas consignaciones presupuestarias. La empresa es agradecida y le compra una piscina, revela, por ejemplo, el sumario.
Creó su propia empresa
Finalmente, y ya en Administraciones Públicas, la funcionaria decide eliminar los intermediarios, abre su propia empresa, y se adjudica trabajos de informática, algunos efectivamente realizados, aunque está por ver si por ella o por otros departamentos. En total se estima que así logró 1,9 millones.
Víctor Muñiz era su contacto en Igrafo. El empresario dispensaba atenciones a Renedo y a otros nueve empleados públicos a los que Hacienda cree que pagó dádivas por 1,7 millones. El listado lo protagoniza María Jesús Otero, directora general de Educación, mano derecha de Riopedre. Los peritos creen que lograba cada año 300.000 euros en prebendas de la empresa. En la contabilidad de Igrafo hay facturas por viajes que hizo con amigos a Argentina, Londres, Madrid, Barcelona, un tour por Helsinki, un crucero por las capitales bálticas, siempre en los mejores hoteles. Hay entradas a la ópera, reformas en las viviendas de sus allegados, ampliaciones de los negocios que, una vez nombrada en el cargo público, cedió a sus familiares. Hay una joyera a la que Víctor llamaba avisando de que cargase a su cuenta todo lo que pidiera Otero.
¿Qué hacía ella a cambio? Las escuchas la muestran avisando a Muñiz de cómo presentarse a los concursos, bajo qué empresas, con qué ofertas. De 2005 a 2010, Igrafo, Almacenes Pumarín S. A. (APSA) y sus 'satélites' facturan, siempre según la investigación, 46 millones a la consejería donde Otero gestiona las compras por orden de Riopedre.
Muñiz utiliza al hijo único del consejero para acelerar estos cobros. A fin de cuentas, ha de rentabilizar los 169.544 euros que dio al hijo para que pusiera su propia empresa. En lo tocante a agasajar a Otero y a Riopedre, el responsable de Igrafo actúa en acuerdo con Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín S. A., teóricamente, su principal competidor. Juntos pagan un viaje al consejero y se hacen con un piso de Otero en una compraventa en la que ella sólo busca facturas que puedan justificar sus enormes ganancias acumuladas. Todo consta en el sumario.
Si de Igrafo han trascendido sus dádivas principales, de APSA se supo que agasajaba al por mayor, repartiendo regalos entre 865 funcionarios y políticos del país a los que dio, entre otras cosas, 550 jamones en cuatro años. Los empresarios tienen ahora con Hacienda su principal problema, dado el posible fraude fiscal en el que incurrieron con facturas falsas y otras operaciones. Sánchez reconoció que unos conocidos le hicieron recibos que suman tres millones por servicios no prestados; la policía ha dado con otros 5,3 millones en facturas que sospecha eran «pagos en especie». El caso sigue abierto.
