«Ninguna crisis económica y financiera mundial disminuye la responsabilidad de las autoridades estatales y de la comunidad internacional en el respeto de los derechos humanos». Esta era la advertencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los Estados miembros en 2009, y es también la de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales y el Observatori DESC.
Ante la situación sufrida por más de 42.200 familias que se han enfrentado al desahucio por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler, ante los recortes a los que se está sometiendo la sanidad pública, o la merma en la atención de las mujeres víctimas de violencia de género, entre otros. Las tres organizaciones se han dirigido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordándole que en el contexto de la crisis económica, no puede olvidar las obligaciones del Estado español de respetar los derechos económicos, sociales y culturales. El acceso a una vivienda digna, la posibilidad de gozar del máximo nivel de salud, así como de disponer de una educación de calidad son derechos humanos que España tiene la obligación de garantizar. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar cualquier medida a poner en marcha en respuesta a la actual crisis económica.
Las tres organizaciones le han recordado al presidente del Gobierno que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), España se ha comprometido a usar «el máximo de los recursos de que disponga» en el cumplimiento progresivo y sin retrocesos para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Para las tres organizaciones es fundamental que el respeto de los derechos humanos sea tenido en cuenta, no sólo en las leyes o medidas que se vayan a poner en marcha, sino también durante el proceso de esa toma de decisiones.
En mayo de 2012, por primera vez en ocho años, España comparecerá ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para rendir cuentas sobre las obligaciones contraídas al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta será una oportunidad para que el Estado español explique si las medidas de respuesta a la crisis han tenido en cuenta o no las obligaciones arriba mencionadas.
