El futuro de las fábricas de armas de La Vega y Trubia, propiedad de la multinacional General Dynamics y dos de las empresas con mayores plantillas del municipio, con unos 674 empleados, pende de una decisión política. Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, esperan que el nuevo Ministerio de Defensa aclare los recortes anunciados y si finalmente adjudicará o demorará aún más el contrato de los blindados 8x8, que supondrían una inyección millonaria y la garantía de la continuidad, incluso el aumento, de los puestos de trabajo. Si no hay movimientos, su situación comenzará a complicarse a partir de 2013.
Por el momento, las plantas asturianas tienen carga de trabajo, pero no a largo plazo. En 2012 no hay nuevos pedidos significativos aprobados. «El futuro no es nada halagüeño», lamenta el presidente de comité de empresa de La Vega, Mariano Fernández Hevia.
Además del contrato del 8x8, las factorías están pendientes de ventas a otros países. Es el caso del acuerdo anunciado con el Gobierno de Arabia Saudí para construir el Leopard, cuyas pruebas sobre el terreno se realizaron ya el verano pasado con éxito pero del que no se ha producido ningún otro movimiento, y otro «sin definir» para fabricar obuses por encargo de Brasil, según explicó el responsable de CC OO, Raúl Álvarez Arango.
Como primer paso, y respecto al 8x8, este último sindicato anunció que «vamos a gestionar una reunión con el ministerio para conocer políticamente sus necesidades, las partidas económicas y qué es lo que tiene previsto parar».
Hasta ahora, lo único que conocen es que el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Fulgencio Coll, declaró a finales de enero que a pesar de atravesar un momento «difícil» desde el punto de vista económico y la exigida contención del gasto, sí contempla la posibilidad de adquirir los carros blindados que servirían en misiones internacionales como la de Afganistán.
Desde luego que dicho 'encargo' no es menor. Supone una inyección de 1.500 millones de euros por un primer lote de 300 vehículos. El ministerio anunció sus planes de sacarlo a concurso, pero hasta ahora solo se ha realizado una primera criba entre las ocho empresas presentadas. Entre las que pasaron, está Santa Bárbara. Con él se generarían 1,9 millones de horas de trabajo y supondría la creación de entre 1.600 y 1.800 puestos de trabajo directos e indirectos.
También está en el aire cómo se financiará dicho contrato. El anterior equipo de Defensa, dirigido entonces por Carme Chacón, planteó que la seccionada se autofinancie hasta la primera entrega, lo que daría un respiro a las arcas estatales por la demora del pago.
Planes de empresa
UGT también espera respuesta por parte de la multinacional, para saber qué perspectivas tiene. «A finales de febrero tendremos una reunión con la dirección», avanza Fernández Hevia.
Con lo actualmente comprometido, ambas plantas dispondrán de carga de trabajo hasta junio de 2013, según fechó CC OO las pasadas navidades.
Sea por lo que fuere, los sindicatos llevan años preocupados por la continuidad de las fábricas. UGT desde 2001, cuando el Gobierno de José María Aznar decidió privatizar las fábricas estatales y dejarlas en manos de los americanos en lugar de otros socios europeos posibles. Sin embargo, CCOO sigue defendiendo que esto ha permitido que siga en funcionamiento. La última gran sorpresa fue la intención de la dirección de la multinacional armamentística de fusionar ambas plantas en los talleres de Trubia, frenada por la negativa de ambos sindicatos.
