Marta Renedo asegura que diseñó buena parte de las aplicaciones informáticas que permiten hoy a los ciudadanos pedir subvenciones a través de internet y a las empresas proveer al Principado. Los servicios «se encargaban en la dirección general y yo los hacía» a través de la sociedad Implans Mounts. Así lo relató en el interrogatorio al que fue sometida, el pasado 18 de enero, y a cuya transcripción ha tenido acceso EL COMERCIO. En ella reconoce que los trabajos «los cobré (...) yo cobré todo lo que facturaba al Principado». En año y medio el sobresueldo le supuso entre 700.000 y 800.000 euros procedentes de las arcas públicas, pero la imputada insiste: «Todos esos trabajos están realizados». Su versión sugiere que hubo más implicados, pero evita en todo momento identificarlos.
El magistrado-juez Ángel Sorando dirigió el interrogatorio durante 72 minutos. Gran parte de ellos los dedicó a pedir explicaciones por cada expediente administrativo que autorizaba la contratación y pago de los trabajos a Implans Mounts. El instructor se extraña por lo redondo de las cantidades y lo genérico de los encargos.
Son facturas con conceptos como «desarrollo y diseño del aplicativo work-floe para portal de proveedores - cuantía», «desarrollo y diseño funcional sellado de tiempos», «desarrollo y construcción HDFI para entorno internet» y «construcción e infraestructura necesaria de entorno multicanal para web». Renedo explicó que los trabajos corresponden a pequeñas aplicaciones necesarias para que hoy el Principado pueda facilitar a los ciudadanos las gestiones por internet. Por cada trabajo cobraba en torno a 20.000 euros. Llegado un punto, Sorando exige aclarar «quién, quién, quién encargaba» estas tareas. «No, se encargaban genéricamente para luego...» responde Renedo.
-Magistrado: «¿Se encargaban ellos solos?».
-Marta: «No, fundamentalmente eran parte de los diseños funcionales y yo los hacía».
-Magistrado: «¿Pero quién era la persona que decidía que se hicieran esos trabajos y que los hiciera usted?».
-Marta: «No, no, eso... yo siempre comenté... Me ratifico en la declaración que hice, que el director no sabía que yo tenía una empresa ni mucho menos».
-Magistrado: «¿O sea que era el director el que los encargaba, pero no sabía que los hacía usted?».
-Marta: «Se encargaban en general ( ...) Se tomaban en general en lo que es la consejería. Me parece ya lo comenté, yo los realizaba».
-Magistrado: «La consejería en general o sea, no... No quiere usted precisar quién era la persona, no sería usted quién decidía hacer esos trabajos».
-Marta: «No, no, no».
-Magistrado: «¿Quién era entonces?».
-Marta: «Me acojo al derecho de no declarar».
A vueltas con 'Pedrón'
El director al que se refiere Renedo es su superior, Alberto Pérez Cueto, quien ya declaró como testigo en la causa. El encuentro entre Sorando y la funcionaria se saldará con un último rifirrafe. El instructor muestra al final una conversación que la mujer mantuvo con su marido en marzo de 2010, y en la que éste tranquiliza a su esposa contando que ha hablado con un tal 'Pedrón', quien garantiza que «del tema de Cultura y demás no va a salir nada de nada, que ya había realizado una gestión directa con la consejera de ahora (...) descubrieron que ahí hay mucho tinglado de mucha gente y que iba a quedar muy tapadito todo».
Tras escuchar la cinta, Sorando recuerda a la interrogada que «una de sus opciones es conseguir atenuantes y uno de las atenuantes es la de colaborar con la Justicia. ¿Usted quiere contar lo que había en Cultura o no?»
-Marta: «Umm... No deseo declararlo».
-Magistrado: «No desea declararlo, vale».
El 'pinchazo' no pasó inadvertido para el resto de las partes. Tras el interrogatorio, la acusación particular pidió que se citara como imputado al marido de Renedo. Entiende el letrado Antonio Pineda que así podría aclararse lo ocurrido en Cultura. La acusación popular de Avall se sumó a la propuesta, abundando que en otra escucha se aprecia cómo Renedo pone a su marido al corriente de unos pagos que parece va a hacerle Víctor Muñiz, empresario de Igrafo.
El letrado del Principado también respalda la idea porque «parece [que el marido] conocía una supuesta trama de irregularidades en la Consejería de Cultura, las cuales, con la intervención de un tal Pedrón (...) iban a ser ocultadas, de hecho, en este momento, tales irregularidades, de existir, sólo las conoce él y Marta Renedo».
Los intentos por imputar al marido no han gustado a la funcionaria. Su letrado solicita que se desestimen estos recursos por «pretender 'fastidiar' mediáticamente a mi mandante (o lo que es peor pretende 'influir' sobre mi mandante para lograr una autoinculpación)». El defensor entiende que todo obedece a «una postura de indignación derivada de la no confesión de unos hechos» y que su clienta lo único que hizo fue acogerse «a su derecho constitucional a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable». Investigar al marido «sólo supondría una nueva paralización en la presente instrucción», lamenta.
