Salvo giro radical de los acontecimientos en los próximos días, la solicitud del Gobierno regional a la Junta General para poder endeudarse en 486 millones de euros está abocada a no prosperar. Ayer, en la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente, órgano que rige la actividad parlamentaria en los periodos electorales, PSOE y PP esgrimieron el informe elaborado por el letrado de la Cámara para argumentar la «imposibilidad» de que en las actuales circunstancias se gestione un proyecto de ley como el que propone el Ejecutivo. Con todo, el asunto no quedó zanjado. Dado que el citado informe detectaba la ausencia de una serie de documentos en el proyecto enviado por el gabinete de Francisco Álvarez-Cascos, se le instó a remitirlos a la mayor brevedad posible antes de tomar la decisión final. Pero el destino parece ya escrito. «Es muy, muy complicado que se pueda tramitar», dijo el popular Fernando Goñi. «Es técnicamente imposible y jurídicamente inviable», añadió el socialista Fernando Lastra.
La iniciativa del Gobierno pone en una tesitura complicada a PSOE y PP, ya que el mensaje de un rechazo conjunto serviría probablemente a Cascos para, en una precampaña electoral lanzada, incidir en esa «tenaza» entre los dos grandes partidos que viene denunciando en los últimos meses. La situación es especialmente delicada para los populares, que compiten con Foro por un mismo espectro ideológico. Así las cosas, se opta por una salida intermedia y, basándose en lo que menciona el letrado, se urge al Gobierno esa información adicional. Que, en esencia, se refiere al contenido de los 220 créditos para los que el Ejecutivo pide 486 millones de financiación. Los socialistas sospechan abiertamente que no todo es inversión, tal y como es legalmente exigible.
Pero de las valoraciones posteriores a la reunión se deduce que pocas opciones hay para que el proyecto prospere. Lastra señala abiertamente que el Gobierno formuló de forma errónea su petición al Parlamento y que lo que se le pide es que la corrija. «Pero ya se le ha dejado claro que la Diputación Permanente no puede legislar», ni en este caso ni en ningún otro.
Goñi también fue claro. «El informe constata la imposibilidad de legislar con la Cámara disuelta», precisó, «no deja lugar a la duda». Lo que, en este caso concreto, se plasma en «la imposibilidad de llevar adelante este proyecto de ley». Todo ello a la espera de la luz que puedan arrojar esos nuevos datos reclamados al Gobierno, que «será poca», según entienden fuentes parlamentarias. Es «muy, muy complicado» que el asunto prospere, zanjó Goñi, que no dudó en calificar este episodio de «embrollo».
Lastra, además, fue duro en sus valoraciones sobre el proceder del Gobierno. «Es un absurdo, un intento de buscar confrontación electoral, una artimaña impropia de un Gobierno democrático», opinó. El portavoz culpó además a Cascos de los efectos negativos que sobre Asturias pueda tener la falta de crédito por su decisión de disolver la Junta y convocar elecciones «en lugar de gobernar». Habló de «fraude político e intelectual».
Foro, por cierto, también se pronunció favorablemente a la solicitud de más información al Gobierno, aunque con la mosca detrás de la oreja. «Esperemos que no sea una maniobra dilatoria» sostuvo Cristina Coto con tono de evidente desconfianza. La diputada no cuestionó el informe del letrado, aunque sí recordó que «no es vinculante» y que el asunto en cuestión no es jurídico sino de «voluntad política». Defendió, en esta línea, la «urgente necesidad» del proyecto en la medida en que carecer de crédito dejaría en el alero los pagos de obras como el HUCA. «Quieren resultarían castigados serían los asturianos», añadió Pelayo Roces.
¿Y ahora qué? Pues una vez que el Gobierno remita los datos, se convocará la Mesa de la Diputación. Que, en función de lo dicho ayer, no calificará el proyecto. Una segunda opción es que sí lo haga, pero, dado que no hay órganos -comisiones, ponencias...- que puedan tramitarlo, «se quedaría en el limbo», según fuentes parlamentarias. El trámite de lectura única, más breve, no prosperaría dado que requiere de mayoría de dos tercios en la Diputación y PSOE e IU suman seis de los 15 diputados que la forman.
