La antigua dedicación de la alcaldesa al ejercicio de la medicina se convierte en objeto de polémica. Pero esta vez las cosas van más allá del debate político. PSOE e IU pidieron ayer explicaciones a Carmen Moriyón por la demanda que le han presentado dos inversores del Instituto de Patología Mamaria Covadonga, en el que la ahora alcaldesa trabajó entre 2008 y 2010. La demanda, presentada por la vía civil, plantea una serie de reclamaciones a la primera edil, a la que acusan de haber abandonado el Instituto llevándose consigo más de 300 expedientes médicos de pacientes, además de causar algunos desperfectos en el equipo médico. Los denunciantes le piden una compensación económica por daños y perjuicios.
Se da la circunstancia de que este tema «no es nuevo», tal y como admitió ayer la propia alcaldesa. De hecho, es el tercer procedimiento judicial al que se enfrenta por «el mismo asunto». La diferencia: que los dos primeros fueron por vía penal y quedaron archivados.
La primera denuncia data del 15 de julio de 2010, después de que Moriyón hubiera abandonado el Instituto de Patología Mamaria Covadonga. Los denunciantes la acusaban de un delito de revelación de secretos, por la sustracción de ficheros con datos médicos y, por tanto, de la vulneración de la ley de protección de datos de carácter personal. La denuncia fue vista en el juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que archivó el caso. Recurrieron ante la Audiencia Provincial, que el 12 de enero de 2012 dictó resolución en la que rechazaba la demanda.
La Audiencia asegura que «el recurso parte de informaciones falsas, ya que no es cierto que se hubiera reconocido haberse llevado íntegros todos los historiales médicos, sino sólo algunos referidos a pacientes operados por ella, informes médicos en soporte papel elaborados y firmados por ella». Esta decisión habría sido consultada previamente con el Colegio de Médicos de Asturias. El fallo asegura que «los historiales se llevaron ante la situación de abandono de la entidad denunciante, de vida harto efímera y con deudas pendientes».
Unos meses más tarde (asegura la alcaldesa que al inicio de la campaña de las elecciones de noviembre), se presenta una nueva denuncia, también por la vía penal, en términos similares. El caso recae en el mismo juzgado que la vez primera, que ordena el sobreseimiento del asunto.
El tema llega de nuevo a los tribunales y lo hace mediante una reclamación por vía civil, cuestión que podría cambiar los términos. El contenido es similar, alegando la sustracción de más de 300 expedientes (la alcaldesa defendió que fueron menos de 30), además de desperfectos en el equipamiento médico del Instituto.
Pero si no cambian los términos jurídicos, al menos sí podrían hacerlo los políticos. Porque el PP, 'sustento' de Foro en la Alcaldía, hizo ayer público un escueto pero claro comunicado, en el que considera que «pudiera parecer que se trata de un asunto muy grave». En todo caso, «como no puede ser de otra forma, el PP de Gijón respetará lo que decida la justicia». «Y analizará sus posibles consecuencias políticas», añade. Es decir, de cómo se sucedan los hechos en los tribunales a partir de ahora podrían depender las relaciones entre ambos partidos en el Ayuntamiento.
La postura del PP fue contundente desde el principio con la decisión de Moriyón de seguir dedicándose a la cirugía, en lo que ella considera su tiempo libre, cuestión de la que discrepa la oposición. Cuando hace un año surgió el debate, PSOE, PP e IU, pidieron a la alcaldesa que diera explicaciones en el Pleno, algo a lo que se negó. Esa negativa fue llevada por los socialistas a los tribunales, proceso aún pendiente. En aquel momento, el PSOE facilitó copias del contrato de compraventa en el que constaba que Moriyón había adquirido en abril de 2008 activos de la sociedad. En el contrato figuraban dos personas más, que son los ahora denunciantes. La participación de la alcaldesa era de 24.000 euros. Carmen Moriyón negó que aquella operación se llegara a hacer efectiva ya que el contrato no se elevó a público y por tanto, insiste, no llegó a ser socia del instituto.
Llamamiento público
Moriyón se mostró ayer con «tranquilidad absoluta», insistiendo en el archivo de las dos primeras denuncias. Por eso, advirtió sobre el tema del presunto robo de expedientes médicos. «Ojo con eso, porque no hay ningún robo. Los jueces ya dijeron que eso era falso». Aseguró que «el mejor sitio para defenderse, cuando uno tiene la razón, es el juzgado y eso es lo que espero». Y explicó que «Francisco Álvarez Cascos fue el primer conocedor, hace un año, de que esto estaba tramándose. Yo tengo mi carpeta de papeles y con esa carpeta voy al fin del mundo».
No es la tranquilidad que mostró la oposición. La concejala socialista Esperanza Fernández Puerta aseguró que en su partido están «muy preocupados por la grave acusación». El PSOE considera que la primera edil «debe dar explicaciones a la ciudadanía. Es la primera autoridad de la ciudad y es una acusación muy grave».
Mucho más extenso se mostró el portavoz de Izquierda Unida, Jorge Espina, quien recordó que «estamos en este punto porque hace un año la alcaldesa se negó a dar explicaciones». Unas explicaciones sobre sus «actividades privadas» que vuelve a pedirle ahora, a través de un «llamamiento público». Llegados a este punto, Espina cuestionaba ayer el «escándalo que supondría que la alcaldesa se sentara en el banquillo por haberse llevado expedientes o haber estropeado instrumental y haber hecho competencia desleal». Por eso, el portavoz de la coalición hizo «un llamamiento a la sensatez».
El mensaje fue claro: «Le pedimos que recapacite y haga públicas sus actividades para evitar espectáculos como éste». Porque, por encima de todo, defiende, «no deberíamos estar hablando de este vodevil, sino de los 28.000 parados».
