«Ángel Torres tenía cuatro novias y me encargaba darles dinero de la caja de la notaría. Cuando venían varias a la vez metía a cada una en un despacho y había que ir sorteando la situación para disimular que aquello era un sitio serio y formal. Les entregaba miles de euros en efectivo que se contabilizaban como gasto corriente de la empresa y se anotaban como 'entrega a Ángel'». El episodio fue relatado ayer al juez Bernardo Donapetry por Adolfo D. Ll., exresponsable del departamento de gestión del notario gijonés, durante la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia por el presunto desfalco en el negocio de más de 700.000 euros.
Adolfo D. Ll., sentado en el banquillo de los acusados junto a su antigua subordinada Susana A. M., negó que distrajera dinero en beneficio propio mientras fue empleado. No obstante, reconoció que en el despacho de Torres Serrano se generaban periódicamente situaciones de desbarajuste contable porque el fedatario público «mezclaba los asuntos personales con las cuentas de la oficina, algo que nunca vi con los tres notarios con los que trabajé con anterioridad». El imputado aseguró que, además de las atenciones con sus amistades femeninas, el notario reclamaba con asiduidad la retirada de más provisiones de la caja del despacho para dar importantes sumas a amigos con problemas financieros, invertir en inmuebles y sociedades y pagar sobresueldos de hasta 1.500 euros, en sobres, a algunos trabajadores sin que lo supiera el resto del personal. «Nadie en el despacho podía saber el concepto por el que él sacaba el dinero y por eso se ponía en el libro de caja otra cosa o nada», agregó.
Según defendió el economista, que fue despedido por Torres junto a su compañera en enero de 2008, todos los movimientos en el departamento de gestión se hacían «con el consentimiento del notario, que veía el libro de caja a diario y estaba de acuerdo con que la caja se abriera todos los días con una remanente de 1.400 euros». Además, aseguró que desde que entró a trabajar en 2000 el notario y antiguo corredor de comercio siempre tuvo problemas de liquidez y tenía la costumbre de aumentar las cuentas anuales de gastos, incluso con sus préstamos personales, para desgravar más a Hacienda.
Susana A. M. también negó las acusaciones en su contra y relató que su exjefe extrapolaba a la notaría sus situaciones personales, dificultando el orden de la contabilidad. «Si él nos obligaba a no anotar las cosas para que no se enterara el resto de la gente, no se justificaban las salidas de dinero», explicó, recordando una ocasión en que Torres la apremió a conseguirle 13.600 euros para comprar una plaza de garaje en Ibiza.
Por su parte, el notario, que ejerce la acusación particular, declaró ante el juez que no tenía ningún control sobre las cuentas de su despacho y que esas funciones las delegaba en los dos acusados, que le informaban cada mes o dos meses del estado de pérdidas y ganancias. «Yo sólo me preocupaba de mi trabajo, que era mucho. Pensaba que estaba en buenas manos. Es cierto que a veces pedía dinero para asuntos personales, pero nunca di instrucciones para que no se anotase», afirmó el fedatario ahora concursado, que facturó tres millones de euros entre 2005 y 2007.
