El Partido Popular asegura que el Gobierno socialista ha incumplido la normativa vigente a la hora de nombrar los directores generales. La ley exige que esta responsabilidad sea ejercida por funcionarios de carrera de cualquier administración pertenecientes a cuerpos, grupos o escalas para cuyo ingreso se requiere titulación superior. Esta condición no se cumple, según los populares, en la mitad de los designados por Javier Fernández para completar el organigrama de su Ejecutivo.
Los diputados del grupo popular Luis Venta Cueli y José Agustín Cuervas-Mons fueron los encargados de trasladar esta crítica a la opinión pública, durante una rueda de prensa en la que acusaron al Gobierno socialista de «desprofesionalizar» la Administración y «despreciar» el trabajo de los funcionarios con el único fin, sostienen, «de colocar a los amigos».
Los populares esgrimen la Ley 8/1991 de Organización de la Administración del Principado. Según su tesis, los socialistas han «incumplido» la norma o, en algunos casos, la han «bordeado». De los 36 directores generales nombrados, al 50% se le ha eximido del cumplimiento de la norma mediante decretos aprobados previamente que permiten justificar la excepción. Los socialistas han recurrido en estos casos, apunta Venta Cueli, a «generalidades» que son «carentes de argumentación sólida».
El diputado popular hizo un recorrido por cada una de las consejerías, citando en algunos casos los pretextos utilizados por el Ejecutivo para avalar los nombramientos y, al mismo tiempo, saltarse la ley. «En unos casos, hablan de que aportan criterios subjetivos, en otros, de la necesidad de plantear transversalidad en las políticas», explican los populares, críticos con lo que consideran un ejercicio de «hipocresía» política por parte del PSOE.
Acusan a los socialistas de mostrarse ante los ciudadanos como los «abanderados de lo público» y, luego, utilizar la Administración autonómica como una empresa «empleadora de sus amigos». Estas decisiones «arbitrarias» y «partidistas» de prescindir de funcionarios para los cargos de responsabilidad es, en opinión del PP, un «despilfarro» de dinero. «Si cumplieran la ley hubieran ahorrado 600.000 euros anuales», avisa Venta Cueli, que afea la actitud de «desprecio» que los socialistas mantienen hacia la «función pública». Javier Fernández no se libra de los reproches. Recuerdan los diputados populares que el hoy presidente del Principado expresó en el discurso de investidura su compromiso con los trabajadores públicos. «Y lo demuestra apartándolos de los puestos de responsabilidad», ahondan.
El parlamentario José Agustín Cuervas-Mons considera que los nombres elegidos para formar el armazón del nuevo Ejecutivo constatan el «continuismo» respecto a los gobiernos de Álvarez Areces que se caracterizaron, apostilló, «por utilizar la 'dedocracia' para los nombramientos y mantener enfrentamientos en los tribunales con los funcionarios». Del mismo modo, cuestionan el hecho de que la mitad de los integrantes del nuevo Gabinete sean personas que ya integraron alguno de los gobiernos de Areces. «No somos muy optimistas sobre que sean capaz de solventar la crisis de la región. Nos ponemos en lo peor», aseguró Cuervas-Mons, que cuestionó la designación, por ejemplo, de Graciano Torre, «que dejó Asturias con más de 85.000 parados».
Sobre la petición de Foro de que haya plenos ordinarios a lo largo del mes de julio, Cuervas-Mons aseguró respetar esta idea, aunque dijo no entender que la solicitud venga del mismo grupo que no cumplió con esta condición cuando era fuerza de Gobierno. «Piden lo que no hacen», afirmó, al tiempo que advirtió de que Foro no convocó el primer pleno ordinario hasta cinco meses después de que Cascos hubiera ganado las elecciones. Cuervas-Mons, además, critica a Pelayo Roces, «quien nunca se ha distinguido por su actividad en el Parlamento regional». El diputado de Foro le replicó ayer mismo a través de una nota. La respuesta de Cuervas-Mons, según Roces, «no es más que una cortina de humo muy descriptiva sobre la calidad política y humana del personaje» que intenta evitar que el Parlamento debata sobre el conflicto de la minería.
