Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo) y Almacenes Pumarín S. A. (APSA), dos de los principales proveedores de la Consejería de Educación, compartieron entre 2006 y 2009 una misma fuente de gastos. Según los informes emitidos por la Agencia Tributaria, en dicho periodo ambas anotaron gastos por valor de 2,2 millones en viajes, muebles, joyas y servicios que fueron presuntamente a beneficio de la entonces directora general María Jesús Otero Rebollada y de su entorno familiar. La documentación entregada por el Principado y que obra en el sumario del 'caso Renedo' indica que en ese periodo APSA, Igrafo y las mercantiles a ellas vinculadas facturaron 33,8 millones a la consejería donde Otero ejercía de 'número 2'.
Las atenciones de las empresas también alcanzaron a Ernesto Iglesias, el único hijo del entonces consejero José Luis Iglesias Riopedre. En total, los peritos de Hacienda determinan que APSA e Igrafo aportaron maquinaria, muebles y reformas por 397.893 euros a Geogal, sociedad que dirigía Ernesto y cuyas acciones comparte con su madre. A Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, se le intervino una conversación en la que ofrecía a Ernesto ir juntos al banco y darle dinero en mano para que liquidara la deuda que arrastraba con la empresa ovetense. APSA, por su parte, suministró una máquina para hacer sondeos y hubo de retirarla por falta de pago.
Lo antedicho ocurrió a partir de 2006, pero los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han constatado que la relación de Otero con las empresas del mobiliario y material de oficina es anterior. En mayo de 1999 localizaron una primera transferencia a su favor realizada por APSA y a la que seguirán más en los siguientes años. A pesar del dato, los peritos de la Agencia Tributaria limitaron su inspección sobre Igrafo y APSA a los ejercicios fiscales que median entre 2006 y 2009. El motivo es que, cuando iniciaron la investigación, el Código Penal daba por prescrito todo delito fiscal con más de cinco años de antigüedad. El Gobierno promueve ahora una reforma que elevaría este plazo hasta los diez años.
¿Por qué APSA e Igrafo dedicaron tanto dinero a Otero? Las únicas explicaciones aportadas por la imputada en el 'caso Renedo' son las que dio a la magistrada-juez Ana López Pandiella, en enero de 2011. Entonces señaló que «hubo un momento en el que APSA estaba muy mal económicamente y le pidió como favor girar unos efectos, que ella dijo que legal no era pero ilegal tampoco», por lo que consintió en la operación aunque «no se benefició de ella».
En aquel momento, los agentes al cargo de la investigación cifraban en 522.646,1 euros los fondos que Igrafo y APSA habían transferido a las empresas Buga 90 S.L., Cueto Mazuga S. L., Flores Buga y Alvaroter S. L., todas relacionadas con la familia de Otero. Los pagos «tuvieron que corresponder a alquileres», explicó la exdirectora general, quien añadió que «alquilaban por temporada» y que los inquilinos eran «gente de la empresa». La Policía pasaría meses después un cuestionario a los trabajadores de APSA e Igrafo y ninguno había oído de estos tratos. «Si hay ingresos de APSA, son de alquileres que se pagaron a través de la correspondiente factura, no hay ninguna cosa oculta», aseguró Otero a la magistrada-juez. A preguntas de su letrado, añadió que desde su puesto «no benefició a ninguna empresa ilegalmente para lucrarse».
La investigación seguida tras aquel interrogatorio ha encontrado mudanzas y obras pagadas por APSA e Igrafo a favor de los negocios familiares, además de viajes, comidas y joyas. Para que Otero pueda explicarse sobre ellos, el magistrado-juez Ángel Sorando la ha citado a declarar el próximo 15 de octubre.
