El tribunal del jurado popular declaró ayer culpable al exsoldado profesional de origen venezolano Dióscar A. G. del homicidio del soldado gijonés Iván Castiello, ocurrido el 11 de diciembre de 2009 en el acuartelamiento de San Bernardo de Jaca (Huesca).
Los integrantes, tras unas deliberaciones que se han prolongado en la Audiencia de Huesca por espacio de casi siete horas, llegaron a a la convicción, por unanimidad, de que «el procesado es el autor responsable de la muerte de la víctima». Descartan que el consumo de alcohol hubiera anulado de forma absoluta la voluntad del exsoldado profesional y sólo admite que afectó «levemente» a su capacidad de comprender la gravedad de los hechos.
Tras resaltar que el procesado fue «consciente» de lo ocurrido, el jurado se apoya en los testimonios de la médico de emergencias que atendió a la víctima y en el del forense para vincular la muerte a la herida que le infligió el procesado con una navaja.
Durante la vista, que comenzó el pasado lunes, el exsoldado aseguró no recordar nada de lo sucedido porque estaba «muy borracho». Según el jurado, el procesado empuño la navaja que provocó la herida en el vientre de la víctima, que tenía 28 años en el momento de morir y que ocupaba la habitación contigua a la de Dióscar A. G., que fue definido por sus compañeros como «impulsivo y agresivo».
La mayor parte de los testigos que declararon a lo largo de las cuatro sesiones del juicio coincidieron en afirmar que el procesado solía comportarse habitualmente de forma «muy violenta», «tanto cuando bebía como cuando está sobrio».
La sentencia del magistrado que ha presidido la vista tendrá que ajustarse al veredicto del jurado y valorará la petición de la fiscalía y de la acusación particular de declarar al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario en el pago de las indemnizaciones a la familia de la víctima, ya que en el momento del crimen el venezolano tenía abierto un expediente de expulsión por un delito penal.
El representante del ministerio fiscal ha reclamado, a tenor del veredicto del jurado, la imposición de una pena de diez años de prisión por un delito de homicidio con la atenuante de embriaguez. Por estos hechos, la fiscalía solicita la imposición al procesado de una indemnización de 52.000 euros para los dos hermanos de la víctima, mientras que el representante de la acusación particular reclama 200.000 euros por los daños morales sufridos y quince años de prisión para el exsoldado.
