Cuatro planes de ajuste en menos de cuatro años. Asturias se aprieta el cinturón. Obligado por las circunstancias pero, sobre todo, por el Gobierno central, que ha impuesto a las comunidades una serie de recortes «innegociables» en el actual escenario económico. El Ejecutivo de Javier Fernández hizo público esta semana el contenido de una propuesta con la que, a lo largo de este mes de julio, intentará convencer al Ministerio de Hacienda en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de que el camino emprendido para cumplir con el déficit del 1,5% es el adecuado. El Principado acudirá a esta cita después de haber suspendido el examen en mayo. El planteamiento esgrimido entonces por los anteriores gestores del Gobierno regional, encabezado por Francisco Álvarez-Cascos, no consiguió el beneplácito del Estado. El departamento de Cristóbal Montoro se negó a aceptar una propuesta que no incluía ajustes en materias como la sanidad y la educación. Recortes que sí ha asumido el nuevo Gobierno para desbloquear la situación.
Lo cierto es que este no es el primer ajuste que tendrán que sufrir los asturianos en sus carnes, aunque quizás sí sea el que más les afecte en la práctica. Menos impacto tuvo el aplicado por el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces a comienzos de 2008. La crisis ya enseñaba sus fauces y las comunidades se vieron obligadas a empezar con los recortes. El eufemismo empleado entonces era «austeridad». Para lograrla, el planteamiento hecho por la Consejería de Hacienda, cuyo titular era Jaime Rabanal, no era muy complejo: reducir gasto corriente. Entre las medidas adoptadas para conseguirlo se apostó por la reducción de los sueldos de los altos cargos y la paralización de la oferta de empleo público. Iniciativas insuficientes para la oposición, que instalaba la crítica en los denominados 'chiringuitos' o sector público.
En dos años, el Gobierno, que compartían PSOE e Izquierda Unida, consiguió un ahorro cercano a los 170 millones, según precisó el propio Rabanal en una comparecencia en la Junta General.
Sin embargo, el ahorro no fue suficiente y eso obligó al Ejecutivo a plantear, en palabras de su presidente, «sacrificios adicionales». Aquella vuelta de tuerca, en el tramo final de la legislatura, tenía por objeto conseguir recortar el capítulo de gasto en otros 149 millones. La caída de los ingresos, superior a la pronosticada por el equipo de Hacienda, agravó aún más la situación. Para compensarla el Gobierno proyectó una actualización de tasas y precios actuando, por ejemplo, sobre el canon de saneamiento o el precio de los equipamientos culturales y deportivos.
Estas medidas no fueron las únicas. El Ejecutivo decidió intervenir sobre el gasto con propuestas dirigidas a reducir el coste en materia de personal. «La cuestión no es mirar si hay muchos o pocos funcionarios, sino disponer de aquellos que son necesarios para prestar los servicios públicos», aseguraba a mediados de 2010 Jaime Rabanal. Además de mantener congelada la oferta pública de empleo se empezó a aplicar un plan de jubilaciones cuya pretensión inicial es que afectara a más de dos mil trabajadores de la sanidad en un plazo de cinco años. El objetivo, reconocieron entonces, era acabar con los privilegios salariales que atribuían a estos profesionales como consecuencia de la antigüedad y otras bonificaciones. La iniciativa no venía sola. Entre los planes del Gobierno también se incluía una reubicación de personal dentro de la Administración y otras iniciativas en el ámbito sanitario como la puesta en funcionamiento de las unidades de atención clínica y la mengua de la factura farmacéutica. Aquel ajuste incluía también una reestructuración del sector de empresas, entidades y sociedades públicas. El planteamiento expuesto por el Ejecutivo era recurrir a las fusiones para ahorrar costes y que no repercutiera en la gestión.
El 'tijeretazo' de Cascos
A 156,8 millones de euros ascendió el plan de ajuste del gasto aprobado por el Ejecutivo de Álvarez-Cascos en octubre de 2010. Un recorte del que quedaron fuera, según palabras del entonces presidente, los servicios sociales, la educación y la sanidad. La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente fue el departamento que más sufrió el efecto de la tijera, ya que le tocó asumir más de un tercio del total, 55,8 millones. El Ejecutivo asturiano, con el pretexto del ajuste, canceló una transferencia de 11,3 millones al ente autonómico de comunicación (RTPA), que tuvo importantes repercusiones políticas. Todos los grupos de la oposición se aliaron para hacer frente a la decisión del Gobierno, que comprobó en aquellos días su soledad en la Junta General.
Una de las medidas más novedosas fue la eliminación de un millar de líneas de móvil de las 2.311 que estaban en servicio, como también la reducción del parque móvil. Todas las consejerías se vieron de una u otra forma afectadas por el ahorro. En el caso de Bienestar Social, por ejemplo, el Gobierno planteó una reprogramación de inversiones en infraestructuras con el fin de «financiar de forma prioritaria la ley de dependencia y el salario social». Este mismo esquema de actuación condicionó la gestión en el departamento habitualmente más inversor: Fomento y Medio Ambiente. Este área vio reducido sus fondos en 55,8 millones. Las disminuciones más notables se registraron en los siguientes capítulos: carreteras (7,8 millones), transportes (4,3), urbanismo (2,6), obras hidráulicas (7,6), medio ambiente (826.327 euros) y cooperación local (208.501 euros).
Muchos de los propósitos del Gobierno de Foro quedaron en agua de borrajas. Tres meses después de presentar su primer plan de ajuste, Francisco Álvarez Cascos disolvía la Cámara y convocaba elecciones anticipadas, ante lo que consideraba como una política de «bloqueo» por parte del resto de formaciones que le negaron el apoyo a los presupuestos de 2012 y, antes, la autorización de endeudamiento por valor de 486,5 millones.
Gobierno interino
Sin embargo, en este periodo de transición, el consejero de Hacienda y Sector Público, tuvo que elaborar una nueva propuesta de recortes. El Gobierno central obligó al Ejecutivo asturiano, en situación de interinidad, a presentar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan de estabilidad con el que pudiera cumplir el objetivo de déficit. Asturias no pasó el examen. Fue la única comunidad que suspendió. La explicación, ofrecida por el propio Del Riego, fue la negativa del Principado a asumir recortes en los servicios públicos como la sanidad o la educación. Quizás por eso, no resultó una sorpresa la decisión adoptada por Hacienda. «Sabía de antemano que el Gobierno de Foro no iba a recortar en servicios sociales esenciales y menos estando en funciones, ya que no tiene capacidad jurídica para plantearlo y, además, va en contra de sus convicciones políticas y sociales», señaló el consejero de Hacienda el 18 de mayo, fecha en la que se conoció el dictamen del CPFF.
Este plan de ajuste, por tanto, no se puede contabilizar porque no tuvo recorrido más allá del papel. Es decir, ninguna de las medidas que planteaba se llevó a la práctica. Las circunstancias mandaban. Los socialistas se preparaban para gobernar y era absurdo que tuvieran que gestionar los recortes propuestos por un gobierno de distinto signo político.
Sin embargo, el escenario no fue fácil. Foro se fue del Ejecutivo entre críticas del resto de grupos por dejar, aseguraron, «los deberes pendientes» y los socialistas se vieron envueltos casi sin querer en un proceso frenético. Las peticiones de Javier Fernández de conseguir más tiempo para elaborar un plan económico y financiero «riguroso» caían en saco roto en Madrid. «La ley está para cumplirla y no puede haber excepciones», llegó a afirmar el ministro Montoro al ser preguntado sobre la posibilidad de proporcionar un mayor margen de tiempo al Principado. El equipo liderado por Dolores Carcedo no perdió un minuto y se puso a elaborar un plan que ha conocido la luz, al menos sus líneas generales, esta misma semana. La reprogramación de las inversiones, que registran una caída superior a los 300 millones y la supresión de mil empleos públicos, ocupados por trabajadores temporales, forman el esqueleto principal de un recorte que, según las estimaciones del Principado, es de 498 millones, 118 menos de los cálculos que hizo el Ministerio de Hacienda. El ajuste incluye una subida impositiva que, en principio, tendrán que asumir las rentas más altas, aunque también afectará al impuesto de Patrimonio y a los que acudan a llenar el depósito de su coche. El Gobierno regional ha decidido agotar el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos y eso supondrá un incremento de dos céntimos por litro de gasóleo y de 2,4 en el caso de la gasolina. No será el único incremento que percibirán los automovilistas. Pasar la revisión en la ITV costará un 25% más.
Fernández ha dado también un paso adelante al proyectar una reestructuración del sector público a partir de la venta de algunas sociedades, como el caso de Sedes, o el redimensionamiento, de otras. Habrá venta de patrimonio e importantes ahorros en el gasto corriente. El Gobierno quiere cumplir con el Estado y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad política en la región con la vista puesta en los presupuestos de 2013, donde tendrá su primer examen serio.
