Llevan muchos años los alcaldes -los asturianos con especial empuje- clamando en el desierto por una reforma local que clarifique su difuso ámbito competencial y les asegure una suficiencia financiera que les permita prestar los servicios que tienen encomendados. El Gobierno que preside Mariano Rajoy parece ahora dispuesto a abrir ese melón, pero está por ver que el resultado satisfaga las expectativas de los regidores. Porque a algunas medidas largamente esperadas, como la eliminación de las llamadas competencias impropias, aquellas que en realidad corresponden a otras administraciones, se suman otras que amenazan con crear duras polémicas, caso de la supresión de las mancomunidades o la reducción del número de concejales. La Moncloa moverá ficha este mismo mes.
Es una realidad que la situación de los ayuntamientos es tremendamente complicada. A situaciones coyunturales como el hundimiento de sus ingresos hay que unir otros problemas estructurales, caso de la prestación, sin financiación, de servicios que en realidad deberían ejercer otras administraciones. Todos los gobernantes que han llegado a La Moncloa se han marcado como objetivo una reforma municipal que nunca ha llegado a convertirse en realidad. Agobiado por la crisis, el PP quiere hacerlo ahora y el ramillete de alternativas que pone sobre la mesa es amplio.
Quizá la que ha levantado más polvareda es la supresión de las mancomunidades, los órganos que agrupan a varios municipios para intentar prestar servicios abaratando costes. En Asturias, como en la gran mayoría de España, estos órganos, aun habiendo logrado avances, nunca han llegado a cumplir los objetivos para los que fueron creados. En muchos casos han servido de escenario de trifulcas políticas entre alcaldes de distinto signo. El mapa original de Asturias estaba dividido en 19 mancomunidades, pero muchas de ellas han ido languideciendo y la crisis no ha hecho sino agravar sus problemas. La intención del Ejecutivo es suprimir de un plumazo los 1.432 organismos de estas características existentes en España.
Propone también el gabinete popular restar competencias a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en beneficio de las diputaciones o, en caso de los territorios uniprovinciales como Asturias, de las comunidades. Y, en este sentido, descargar a los consistorios de las reducidas atribuciones con que cuentan en materia de sanidad y educación.
La ley, según lo que ha trascendido en los últimos días, reordenará el mapa competencial y prohibirá la asunción por parte de los ayuntamientos de las citadas competencias impropias, así como la suscripción de convenios de colaboración con las autonomías si previamente no han acreditado su solvencia económica y no se eliminan en el proceso las posibles duplicidades.
Además de las mancomunidades, hay otros asuntos que traerán cola. Uno es la homogeneización y regulación de los salarios de los alcaldes, en estos momentos no sometidos a ningún tipo de criterio general o legal, lo que provoca que sean varios los que perciben nóminas superiores a la del propio presidente del Gobierno.
Otro, quizá el más sensible, es la posibilidad de reducir el número de concejales que en la actualidad componen las corporaciones. Una cuestión espinosa que Esperanza Aguirre también ha extendido al ámbito de los parlamentos autonómicos y que, de ponerse sobre la mesa, está llamada a propiciar encendidos debates.
