Los 'hispabonos', el mecanismo que permitirá a las comunidades autónomas financiarse en los mercados mediante emisiones de deuda avaladas por el Estado, serán una realidad en un breve periodo de tiempo. El Gobierno prevé poner sobre la mesa esta fórmula en el Consejo de Política Fiscal convocado para mañana en el que, entre otras cosas, se debatirá y previsiblemente aprobará el plan de ajuste de Asturias. La medida dará aire a las comunidades más asfixiadas por la falta de liquidez, aunque a costa de introducir ajustes adicionales en sus presupuestos para cumplir con los límites de déficit.
«El objetivo es buscar emisiones de deuda más líquidas y de colocación más fácil en el mercado», dijo ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, encargado de avanzar las primeras pinceladas de un sistema llamado a sacar a muchas autonomías del agujero económico en que están metidas. Y es que la situación de las comunidades no es nada fácil. Este año deben afrontar vencimientos de deuda por valor de 35.782 millones de euros, de los que 15.232 corresponden al segundo trimestre. El grifo del crédito bancario apenas gotea y el aval del Estado se perfila como la única solución para obtener recursos en los mercados a un coste asumible para las delicadas arcas regionales.
Las autonomías saldrán pues al mercado en busca de financiación con el respaldo del Tesoro, pero no les saldrá gratis. Los presupuestos de las regiones que se acojan a este mecanismo estarán sujetos a «un nivel altísimo de condicionalidad», de forma que «se garantice el cumplimiento del equilibrio presupuestario». Esto es, que el Estado pondrá todos los ojos en esas cuentas e impondrán ajustes si hay la más mínima desviación sobre los topes de déficit a que obliga la UE.
De Guindos, claro
«El Gobierno ha sido muy, muy claro: no va a dejar caer a ninguna comunidad autónoma». Son palabras de ayer mismo del ministro de Economía, Luis de Guindos, preguntado en Bruselas sobre la puesta en marcha de los 'hispabonos' y sus ventajas e inconvenientes.
Para mañana se prevé un Consejo de Política Fiscal y Financiera intenso. A la aprobación del plan de ajuste de Asturias, por valor de 498 millones de euros, hay que sumar tanto la presentación de los 'hispabonos' como la confirmación de los registros de déficit que deberán cumplir las autonomías en los próximos años. Límites que podrían ser objeto de revisión, incluido el 1,5% impuesto para 2012, en virtud de la flexibilización de los objetivos que la UE ha concedido a España. El país debería cerrar este año en el 5,3% del PIB, pero Bruselas ha accedido finalmente a terminar el ejercicio en el 6,3%.
Beteta señaló que el Consejo de Política Fiscal analizará si es viable relajar también los límites de las autonomías, aunque no se pronunció en sentido favorable o contrario. Algunas comunidades, caso de Cataluña, ya piden abiertamente al Gobierno central que «flexibilice» el déficit autonómico.
Sea cual sea el tope que finalmente se marque, el Ministerio de Hacienda será inflexible con su cumplimiento. En la cita de mañana se estudiará la evolución del déficit de las regiones a esta altura del año y se dará un mes a aquellos gobiernos que no se ajusten a lo requerido para corregir la desviación. Si tras un segundo apercibimiento no se pusieran los números en orden, se produciría la intervención de las cuentas por parte del Estado. «Cualquier riesgo de incumplimiento debe ser atajado de raíz», argumenta Beteta.
Inhabilitaciones
El secretario de Estado, asimismo, defendió la eficacia de las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo del PP y su impacto sobre la salud de las arcas públicas. En este sentido, hizo hincapié en la posibilidad de inhabilitar durante diez años a los gestores públicos que «gasten sin tener competencia o crédito para ello».
