El PP tiró ayer de mayoría absoluta y taponó todas las vías por las que la oposición pretendía reclamar en julio explicaciones y responsabilidades a miembros del Gobierno por polémicas como el escándalo de Bankia, el 'medicamentazo', la amnistía fiscal, los recortes de la ley de dependencia, la prolongación de la vida útil de la central de Garoña o los incendios en Valencia.
Las más de cinco horas que duró la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, órgano que reemplaza al pleno de la Cámara en los meses no hábiles, se pueden resumir con la frase de 'no' a todo, pese a que se debatieron hasta 17 peticiones urgentes de comparecencias y debates en plenos o comisiones extraordinarias.
Los populares, en algunos casos con la abstención de CiU, negaron que hubiese motivos para que seis ministros acudiesen al Parlamento terminado el período de sesiones ordinario, como reclamaban principalmente PSOE e IU. Solo aceptaron que comparezca el titular de Industria, José Manuel Soria, para informar sobre el conflicto con los mineros. Lo hicieron después de semanas de negativas y una vez concluida la 'Marcha Negra' sobre Madrid. De hecho, el ministro se anticipó a la votación de las solicitudes de la oposición y pidió comparecer. Sin embargo, el PP evitó que también acudiese a dar explicaciones en el Congreso el ministro del Interior sobre las cargas policiales e incidentes en las protestas de los mineros.
Los dos puntos que centraron la mayor atención fueron la filtración del ERE del PSOE y Bankia. La encargada de defender a Fátima Báñez fue Celia Villalobos, que considera que los socialistas someten a la ministra de Empleo a «una cacería personal y familiar», y que el presunto escándalo por la filtración es «una tormenta en un vaso de agua» para esconder los problemas del partido opositor. No negó que la ministra fuese quien filtró el informe sobre el ERE a un diario, pero dijo que para filtraciones, las del Ejecutivo del PSOE, entre las que citó el chivatazo a ETA de 2006. Los socialistas exigen que Báñez explique por qué abusó de su cargo para «perjudicar al adversario político» en una acción «inmoral, y ya veremos si ilegal».
El PP se quedó solo también al impedir que el pleno debata la creación de una comisión que investigue el enorme agujero contable de Bankia y, como única justificación, dio a entender que los problemas de las antiguas cajas de comunidades populares son culpa de los socialistas.
