El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, considera positivo el anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, según el cual el Consejo de Ministros aprobará este mes el anteproyecto para la reforma del Código Penal, con la que prevé endurecer las penas previstas para los delitos de incendios forestales, así como exigir responsabilidad patrimonial a los acusados.
No obstante, en declaraciones a Europa Press, De la Riva entiende que «es más urgente retirar de la competencia del Tribunal de Jurado el delito de incendio forestal intencionado, pues la experiencia de estos años ha demostrado la dificultad de obtener condenas basadas en la prueba indiciaria, que es con la que se cuenta en un delito que se comete en zonas apartadas, e incluso de noche, siendo muy difícil contar con testigos directos».
El fiscal recuerda que los delitos de incendio forestal doloso están penados en la actualidad con un máximo de cinco años de prisión. Sin embargo, cuando existe peligro para la vida o la integridad de las personas, la condena puede ir de diez a veinte años de prisión, según recoge ya el Código Penal.
En lo que respecta al jurado, sostiene que «es extremadamente complejo transmitir a personas legas en Derecho que los indicios plurales y acreditados pueden llevar a la condena de una persona aunque nadie la haya visto cometer el delito o no existan pruebas directas de otro tipo». Por otro lado, opina que los miembros del Jurado son reacios a emitir un veredicto de culpabilidad basado exclusivamente en prueba indiciaria dado que el delito doloso de incendio forestal suele llevar peticiones que van a suponer el ingreso en prisión.
Junto a ello, destaca que «se trata además de un procedimiento muy lento», por lo que el juicio se retrasa muchos meses. Actualmente, en Asturias hay cinco personas imputadas por incendio forestal doloso.
