El notario Ángel Luis Torres Serrano expresó ayer su plena satisfacción por la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a los dos exempleados que le desfalcaron, Adolfo Dosantos y Susana Argüelles, a tres años y medio de cárcel, a indemnizarle con 700.812 euros y asumir las costas procesales por un delito continuado de apropiación indebida. «El fallo judicial es categórico y muestra que no sale gratis ir mangando por ahí a la gente», valoró .
El fedatario público destacó por encima de todo que «se ha hecho justicia» con la pena impuesta a dos personas que, según declara probado el magistrado Bernardo Donapetry, abusaron deliberadamente de la confianza casi ciega que tenía depositada en ellos como responsables que fueron, hasta su despido, del departamento de contabilidad de la notaría. De hecho, los dos condenados eran los únicos que tenían acceso a su dinero personal guardado en la propia notaría, algo que remarca la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que insiste en que la caja del despacho notarial era responsabilidad exclusiva de ambos. Adolfo Dosantos «tenía encomendada la contabilidad de la notaría» y Susana Argüelles era la «que hacía el arqueo de caja por la mañana cuando llegaba a trabajar».
Entre los dos también convinieron, según considera probado el fallo del tribunal, que la tesorería se abriría todos los días con 1.400 euros y que aparentarían que se cerraba con la misma cantidad, quedándose la diferencia. La sentencia condenatoria considera, asimismo, que los reos se aprovecharon con su gestión desleal de su bonhomía y «del descontrol que el fedatario tenía en todo lo concerniente a la economía de su notaría»
Torres está especialmente dolido con la línea de defensa que siguieron los ahora condenados durante el juicio, ya que considera que sus altisonantes manifestaciones estuvieron encaminadas a desprestigiarle profesionalmente y a menoscabar su imagen pública. Tanto el uno como la otra destacaron que el notario detraía importantes sumas de dinero de la caja de la notaría, con cierta asiduidad, para sus asuntos personales, por lo que no le interesaba dejar constancia de ello en los libros contables . «Tenía que pagar a sus cuatro novias, ayudar a sus amigos y pagar sobresueldos de hasta 1.500 euros, en sobres, a algunos trabajadores sin que lo supiera el resto del personal», llegó a declarar Adolfo Dosantos durante la vista oral.
Sin embargo, la Audiencia Provincial considera en su sentencia «irrelevante que el notario gastara mucho o poco dinero, al fin y a la postre el dinero era suyo», pero lo que sí señala como «ilógico e irregular es que cada salida de caja no tuviera siempre su correspondiente anotación en el libro de caja y la firma de la persona a la que se le entregaba el dinero».
Exoficial impune
El notario y su círculo personal de confianza también lamentan que no se haya podido probar la vinculación con los condenados de Valentín D. U., quien fuera oficial mayor de la notaría hasta 2010 y actual compañero sentimental de Susana Argüelles. Torres siempre ha considerado a esta persona, que fue quien le recomendó la contratación de estos dos empleados para su departamento de contabilidad, el cerebro en la sombra del desfalco que escondía en sus cuentas bancarias el dinero que Susana y Adolfo iban distrayendo de la caja.
El fedatario público, que proviene del mundo de la correduría de comercio, reconoció ayer que confía en «remontar el vuelo» y recuperar la liquidez perdida tras el cobro del seguro de infidelidad a empleados que tiene suscrito con la compañía Generalli y que se le abonará con independencia de que los dos condenados se puedan declarar insolventes. A partir de ahí espera llegar, después del verano, a un acuerdo con sus acreedores en forma de convenio y retirar el concurso que afecta a su despacho.
Los dos condenados por el desfalco, de 43 y 42 años, tienen ahora la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial y, por tanto, de dilatar en el tiempo su ingreso en prisión. No obstante, en caso de que se confirme posteriormente la condena, al superar la pena impuesta los dos años de cárcel, será inevitable el cumplimiento de la misma en un centro penitenciario.
El notario tuvo que encargar varias auditorías y peritaciones judiciales para determinar el alcance del agujero contable en su despacho. Todos esos gastos recaerán ahora también en los extrabajadores.
