La ejecución de un desahucio por parte de una entidad bancaria debido al impago de una hipoteca puede producir pena, tristeza, dolor y hasta impotencia. Pero cuando el desahucio se lanza contra la inquilina de una vivienda de protección oficial por una deuda acumulada de 3.000 euros parece que se está cometiendo una clara injusticia. La empresa pública VIPASA (Viviendas del Principado de Asturias), dedicada a la construcción, venta y alquiler de viviendas de protección, desalojó este miércoles de sus viviendas sociales de El Fuerte riosellano a la familia monoparental de Mirela Pulido, madre con dos hijos menores. La afectada, que ayer retiró sus enseres, lamentó la falta de sensibilidad por parte de la empresa ante su precariedad económica, habiendo encontrado sólo el apoyo de su familia. Un lamento que también lanzaron los representantes políticos municipales.
Para el portavoz socialista Ramón Canal, no es lo mismo «que un banco te desahucie de una propiedad» a que una entidad pública lo haga «sobre el alquiler de una vivienda de protección». «Seguro que habrá opiniones y criterios para todos los gustos y habrá quien piense que aún está peor por carecer de vivienda, pero está claro que son casos totalmente diferentes», aseguró. No obstante, se alegró de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ribadesella «hayan estado encima de este desahucio» y que el Consistorio le haya ofrecido el apoyo necesario. «Estas cosas nunca las habíamos visto en Ribadesella, pero sí en las grandes ciudades. Parece que es algo que vamos a ver con demasiada frecuencia porque es triste comprobar cómo la población española se está empobreciendo con tanto recorte que se está aplicando», añadió Canal.
Desde el grupo municipal de IU, Francisco Vázquez lamentó lo sucedido pero también recordó que los adjudicatarios de esas viviendas se comprometen a cumplir con unas «mínimas normas» cuando recogen las llaves de su vivienda. Entre ellas, «cuidar la vivienda, pagar la renta y los gastos que ésta origina, además de mantener un comportamiento cívico con el resto de vecinos», explicó. Vázquez desconoce el contenido del expediente abierto por VIPASA contra esta inquilina, pero sospecha que en este caso pueda existir «algún problema de trasfondo» que aún no ha salido a la luz. «No creo que VIPASA haya actuado alegremente. Me imagino que se habrán realizado los requerimientos necesarios antes de proceder al desahucio», añadió Vázquez.
El concejal de IU considera que una deuda de 3.000 euros no es motivo suficiente como para desalojar a una familia de su vivienda. «Siempre se puede aplazar el pago o fraccionarlo, así que me temo que no sólo sea por la deuda», añadió. De todas maneras, algunos vecinos de Ribadesella creen que el desalojo nunca se habría ejecutado si la familia desahuciada perteneciese a algún colectivo o minoría étnica. De hecho, en la villa de Ribadesella existen serios problemas de convivencia en otros grupos de viviendas sobre los que el Principado nunca ha intervenido.
