Han sido muchas las veces que a lo largo de estas últimas semanas Mercedes Fernández ha pedido al Gobierno regional que no recurra al Tribunal Constitucional los dos reales decretos aprobados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que suponen un recorte de 10.000 millones en sanidad (7.000) y educación (3.000). Así que era de esperar que el PP asturiano mostrase su disconformidad con el anuncio del Principado, que finalmente confirmó su intención de acudir a los jueces. «Creemos que dada la situación de auténtica emergencia nacional, todos los gobiernos, el regional y el nacional, deben remar en la misma dirección», urgía la presidenta de los populares.
Mercedes Fernández quiso insistir en algo que ya había dejado bien claro: «Desde nuestro punto de vista, no era ni el momento ni la oportunidad de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional». Y así, según aseguró ayer, se lo ha hecho saber al presidente del Principado. «Creemos que Asturias no soluciona sus problemas con recursos», aseveró Fernández, quien, además, lanzó una invitación al entendimiento. «Es el momento de la responsabilidad, de la responsabilidad colectiva, donde los gobiernos debemos hacer un esfuerzo importante para dar solución a la crisis, a la deuda, a los problemas de los ciudadanos, los que ocupan y preocupan en nuestro país», señaló.
Y, a pesar de que la relación entre la Administración central y la regional no pasa por su mejor momento, la presidenta popular no dudó en apelar a que «si el Gobierno de España es solidario con las autonomías en su compromiso de la financiación, las autonomías deben serlo con el Gobierno de España». Mercedes Fernández rechazó el argumento socialista para recurrir los decretos y dijo que no debe considerarse que con las nuevas normas «se invaden competencias, sino que se hacen las únicas políticas restrictivas posibles para salir adelante en una crisis muy grave».
Reproches
No todo fue llamadas al entendimiento. El PP asturiano aprovechó para acusar al PSOE de que la situación «en la que nos encontramos inmersos», se debe, «entre otras razones, a una gestión socialista absolutamente inadecuada y absolutamente insolidaria, que se ha llevado a cabo en los últimos ocho años de los gobiernos Zapatero».
Queda ahora esperar para conocer la decisión del Constitucional sobre los recursos. De todas formas, el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, ya advirtió ayer de que las sentencias de este organismo «no se producen en un plazo corto de tiempo». «Lo que pueda venir en un futuro a mayores, bienvenido sea», apuntó.
