El presidente del Principado volvió a salir ayer en defensa de las comunidades. «No admito que se dinamite el Estado autonómico con falacias», advirtió durante su intervención en la toma de posesión de Bernardo Fernández como presidente del Consejo Consultivo. Javier Fernández reiteró que «a estas alturas de la crisis» puede asegurarse «sin temores» que «la causa profunda de la recesión son los problemas financieros, entrelazados con una elevadísima deuda privada». Así, defendió que el culpable de los males españoles «no es, ni de lejos, el modelo de Estado».
Es la segunda vez en menos de una semana que el jefe del Ejecutivo regional dirige su discurso a explicar que «la autonomía no es una ocurrencia», sino un modelo «razonado para equilibrar esas dos fuerzas antagónicas -la centrífuga y la centrípeta- que pugnan desde hace siglos en esta nación». Si bien Fernández reconoció que dicho equilibrio es «inestable», también advirtió de que «la deslegitimación del Estado autonómico no saldrá gratis», por lo que invitó a sus retractores a no impugnar con ligereza «un modelo que ha dado buen resultado durante más de 30 años».
El presidente hizo hincapié en que «el discurso de deslegitimación del Estado autonómico pone en cuestión la amplitud del Consultivo, sus funciones y su existencia misma». Además, reiteró que «Asturias no tiene una arquitectura institucional aparatosa ni desmesurada» y aunque volvió a insistir en que «habrá que hacer ajustes, supresiones y reducciones», pidió a los presentes un esfuerzo para «no añadir leños a esa pira deslegitimadora».
Destacó, no obstante, que «todas las instituciones autonómicas están obligadas a demostrar eficacia y eficiencia», ya que esa es su «mejor línea de defensa». Y lo es también para el Consultivo: «Estad atentos ante los mensajes que mezclan populismo y oportunismo y que se ceban en el número de concejales o en el número de parlamentarios, porque la siguiente frontera será el ataque a la institución misma», añadió.
Por otra parte, anunció que para su Gobierno, pedir consulta al organismo, «será algo más que un trámite» y prometió que la Administración central «requerirá su opinión».
