La decisión de la Comunidad Valenciana, ahogada por su endeudamiento, de acogerse al fondo de liquidez creado por el Gobierno central para evitar el naufragio financiero de las autonomías, abrió ayer un nuevo frente en el ya de por sí agitado panorama económico. La posibilidad de que más regiones puedan transitar ese camino generó un clima de incertidumbre que también afectó a Asturias. Por la mañana, horas antes de que se conociese el movimiento de la Generalitat, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, no había descartado que el Principado pudiera adherirse a ese mecanismo en caso de que no prosperen las negociaciones abiertas con distintas entidades bancarias para obtener crédito, en las que no obstante dijo tener confianza. Ya por la tarde, en plena marejada, el presidente del Ejecutivo, Javier Fernández, moduló el mensaje y precisó que «en este momento» no contempla llamar a las puertas del Ministerio de Hacienda y que intentará financiarse «de manera directa» en los mercados.
El debate en Asturias gira en torno a la ley de endeudamiento por importe de 423 millones que el Gobierno ha llevado a la Junta General para paliar las restricciones de la prórroga presupuestaria. Esa ley saldrá adelante la próxima semana y fuerza al Principado a buscar financiación para movilizar esa cantidad e inyectarla en la economía. La pregunta es: ¿De dónde sacar 423 millones, máxime en un momento así?
Por ello fue preguntada en la Cámara la titular de Hacienda, que informó de que su departamento tiene abiertas negociaciones con distintas entidades financieras con el fin de, en el plazo aproximado de un mes, cerrar las operaciones pertinentes y refrescar las cuentas regionales con esos 423 millones. Carcedo mostró su esperanza en que esta vía prospere. Esgrimió como aval los niveles de endeudamiento de Asturias, «mejores que los del conjunto de comunidades». Pero no tuvo reparos en alertar del empeoramiento de la situación general.
Admitió la consejera que las dificultades para acceder al crédito «son reales y existen». Que los mercados «están cerrados» y que los bancos «aplican intereses cada vez más altos y a más corto plazo». Y apostilló que el gabinete del que forma parte «en absoluto es ajeno a un mercado que cada vez se vuelve más restrictivo». Pese a ser optimista sobre esas negociaciones, Carcedo no descartó tener que recurrir a un 'plan b'. Y no hay más 'plan b' que acceder al mecanismo de liquidez del Estado, ya sea por todo ese importe económico o solo en parte. Una posibilidad que disgusta al Ejecutivo tanto por las draconianas condiciones que lleva aparejado como por el hecho de quedar bajo el estigma del rescate.
Carcedo usó precisamente el argumento de que los mercados se secan un poco más cada día para apremiar a los grupos a aprobar «cuanto antes» la ley de endeudamiento. Pero a la hora de la comida la Comunidad Valenciana anunció que se acogería de inmediato al fondo de ayuda estatal y el debate cogió vuelo.
El presidente del Principado salió a escena por la tarde, aprovechando su presencia en la toma de posesión del presidente del Consejo Consultivo. Y sin dar un giro radical al argumento esgrimido en la matinal por la titular de Hacienda, porque Fernández se cuidó mucho de decir que no está previsto acogerse al mecanismo de financiación «en este momento», sí dulcificó el mensaje.
Dejó claro, de antemano, que la situación de Asturias y la de Valencia no son comparables. La primera, recordó, tiene una deuda del 9,7% sobre el PIB. La segunda, del 20%. «Es una situación mucho más difícil que la de casi cualquier comunidad y por esa asfixia han pedido acogerse al fondo de liquidez», puntualizó.
El Principado, «en este momento», no lo hará. «Estamos en condiciones de financiarnos de manera directa con las entidades financieras», dijo. «Es nuestra intención y nuestro deseo y es lo que estamos haciendo», añadió. «A corto plazo», reflexionó, el problema de Valencia «no lo tenemos», si bien admitió la existencia de «tensiones de liquidez». Y remachó: «Estamos procurando financiarnos sin recurrir al instrumento que provee el Gobierno de España, que seguramente tendrá alguna condicionalidad añadida; preferimos acudir directamente a las entidades».
La reflexión inicial de Carcedo, el posterior anuncio de la Comunidad Valenciana y la intervención final de Fernández, que también cuestionó el endurecimiento de los objetivos autonómicos de déficit -en 2013 «son cuatro décimas menos y algún problema más- y acusó al Gobierno de hacer que «las tensiones en las comunidades sean mayores», dejó en un segundo plano el contenido inicial del debate en la Junta. La ley de endeudamiento objeto de la discusión saldrá finalmente adelante.
Lo hará el jueves, en un pleno en el que votarán a favor el grupo socialista, que respalda al Gobierno; IU, que lo ha confirmado expresamente al entender que rechazarlo «sería peor»; UPyD, abierto a consensuar y ofrecer apoyo; y previsiblemente también el PP.
El voto favorable de los tres primeros se daba por descontado. En cuanto al PP, que se opuso a la tramitación por lectura única, las críticas se centraron ayer en la orientación de algunos de los ajustes anunciados por el Principado y en la necesidad de salvaguardar de los mismos capítulos que se consideran básicos como la atención primaria del servicio de salud, los centros de tercera edad y los programas de atención a la infancia. Asimismo, se trasladaron dudas sobre la voluntad del Gobierno de cumplir con los objetivos de déficit dado que, según argumentó la diputada Emma Ramos, «es difícil cumplir aquello en lo que no se cree». Los populares se comprometen a estudiar «pormenorizadamente» el texto antes de decidir su voto, aunque atendiendo a las palabras de su presidenta, Mercedes Fernández, en el debate de investidura, en el sentido de dar el aval a este tipo de actuaciones, se presume un 'sí' al proyecto legislativo.
El PP no presentará, pues, enmienda de totalidad. Foro, de momento, se guarda sus cartas, aunque critica que el Gobierno pida apoyos a un crédito que es un «cheque en blanco». La secretaria general y diputada, Teresa Alonso, sostuvo que «no existe ninguna garantía de que el endeudamiento solicitado vaya a aplicarse definitivamente a los gastos de inversión», de ahí el temor a que «se gasten el dinero en lo que les parezca más oportuno».
