«No conocemos la sentencia. Nuestros servicios jurídicos aún no la tienen». Ésa es la primera respuesta de la Consejería de Sanidad tras conocer por EL COMERCIO que Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado a la Administración regional al pago de 70.000 euros a la familia de Borja Solar, el pequeño de seis años degollado en 2004 en el parque Isabel la Católica por un enfermo de esquizofrenia paranoide, Ramón del Barrio López, entonces vecino de El Coto.
El pionero fallo, adelantado ayer en exclusiva por este periódico, argumenta que los servicios sanitarios del Principado, especialmente los de Salud Mental, no realizaron el seguimiento adecuado al asesino confeso -condenado en 2008 a pasar 15 años en un hospital psiquiátrico- pese a que desde 1999 en el centro de Salud Mental de El Coto se le había diagnosticado de esquizofrenia paranoide con posibilidad de brotes peligrosos para sí o para otros.
Ante la condena, desde la Consejería de Sanidad se insistió ayer en que «no conocemos aún la sentencia», por lo que no hubo posibilidad de concretar si habrá recurso contra ella -sólo cabe uno de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días-. Únicamente avanzaron los primeros pasos a dar: «Nuestros servicios jurídicos tienen que estudiarlo» y que lo harán «con todo cuidado y detalle».
Lo que sí quiso trasladar ayer Sanidad es «que comprendemos el dolor y el sufrimiento de la familia», que lleva pleiteando desde 2004 para que la Administración sanitaria asturiana se haga responsable del crimen que acabó con la vida de su único hijo.
De hecho, el fallo del TSJA es en respuesta a un recurso interpuesto por los padres del pequeño, no conformes con la condena inicial al asesino. La Audiencia Provincial de Asturias dictó en 2008 que Ramón del Barrio debe estar ingresado 15 años en un hospital psiquiátrico, así como indemnizar a los padres de la víctima con 200.000 euros -aunque se declaró insolvente- además de tener prohibido residir o acercarse a Deva, donde vive la familia del pequeño, acercarse a menos de 500 metros de los padres, en cualquier lugar donde se encuentren, o comunicarse con ellos de algún modo. Todo ello durante diez años.
Los padres de Borja Solar consideraron, desde un principio, que el Principado era responsable subsidiario del trágico suceso que acabó con la vida del pequeño, ya que la patología del asesino era conocida, así como que no había sido sometido a ningún tratamiento desde 1999.
Esta petición, sin embargo, fue desoída por el Principado. Ya en 2010 la entonces Consejería de Salud y Servicios Sanitarios desestimó la reclamación, lo que motivó el recurso ante el TSJA que ha concluido con la condena rotunda al Principado, un fallo en el que se convierte en subsidiaria la aseguradora de la Administración regional, Zurich y Reaseguros.
Si decide recurrir, el Principado tendrá que desmontar los fundamentos del TSJA, que tira por tierra sus argumentos de 2010. En aquel momento aseguraba la consejería que, pese al diagnóstico de 1999, no «hubo constancia alguna de comportamiento agresivo o peligrosidad para terceras personas y en ningún momento se recabó asistencia psiquiátrica».
Para el TSJA, lo veraz es lo expuesto por el abogado de la familia, José Joaquín García, que existe «responsabilidad patrimonial» del Principado ante «el deficiente funcionamiento en tratamiento de enfermos con alteraciones psíquicas importantes y el pronóstico de alta peligrosidad». Como Del Barrio.
