Los gobernantes autonómicos miran el calendario y las exigencias del Ministerio de Hacienda y se llevan las manos a la cabeza. El panorama era complicado antes del Consejo de Política Fiscal celebrado a principios de mes, cuando sobre la mesa había unos objetivos de déficit del 1,1% del PIB para 2013 y del 1% para 2014. Esos límites ya suponían la aplicación de más ajustes sobre los ejecutados este año. Pero aquella reunión lo cambió todo. Los topes a cumplir pasaron al 0,7% del PIB el próximo año y el 0,1% el siguiente, con la previsión de tener superávit en 2015. Esta revisión drástica ha puesto patas arriba las previsiones autonómicas. ¿Cómo hacer frente a semejante endurecimiento, que en el caso de Asturias supone un recorte extra de 300 millones en esos dos años? El Principado tiene cierto margen de maniobra para planificarlo, pero el sector público regional, lo que desde la oposición se viene a denominar como 'chiringuitos', está en la mente de todos.
Preguntado por este periódico una vez confirmado el montante del tijeretazo para los dos próximos años, 95 millones en 2013 y unos 200 en 2014, el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, precisó que la filosofía general será la misma que la del ajuste previsto para este año. Esto es, tratar de «preservar» los servicios básicos -sanidad, educación y política social- y hacer «todo el esfuerzo posible» para que la merma de recursos no se traduzca en una disminución de las prestaciones y de su calidad. Pero afrontar un recorte tan severo salvaguardando los pilares del Estado del Bienestar, tal y como plantea el Gobierno, obliga a tomar medidas severas de restricción del gasto en otros capítulos.
En este punto, todos los ojos se vuelven al sector público, al conjunto de empresas, entes, organismos y fundaciones creadas por el Gobierno regional en las últimas legislaturas para prestar determinados servicios teóricamente con mayor calidad y menor coste que si lo hiciera la propia Administración. El sector público asturiano está formado por 81 entes y, comparativamente, es uno de los más reducidos del país. Cataluña tiene 449 y Andalucía cuenta con 372, por poner solo algunos ejemplos. El Ejecutivo sostiene que se trata, en efecto, de una estructura contenida y en modo alguno desproporcionada. La oposición, especialmente el PP y Foro, hablan de un entramado de dimensiones «desmesuradas» utilizado en la última etapa socialista para «colocar amigos y afines». Piden una reducción «drástica» de su tamaño.
Por etapas
Probablemente entre las posiciones de unos y otros se encuentre el equilibrio. El Gobierno tiene claro que en un momento como el actual, tanto por cuestiones de ahorro económico como por lanzar el mensaje a la calle de que la Administración también se aprieta el cinturón, debe tocar ese sector público. Y no tardará mucho en hacerlo. En el próximo periodo de sesiones de la Junta, a partir de septiembre, planteará una primera iniciativa destinada a plasmar en la práctica las medidas ya recogidas en el plan de ajuste para 2012. Eso supondrá la venta de la participación en la constructora Sedes y en distintas empresas hoteleras, la supresión del Instituto Asturiano de Estadística, la reordenación de los instrumentos de promoción económica y la revisión de la empresa Serpa, entre otras actuaciones. Pero el calado de la reordenación que el Principado tiene en mente para su sector público se conocerá en 2013. En concreto, en el primer semestre.
Para ese periodo ha comprometido la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, un segundo paquete de medidas que conllevará, entre otras cosas, la desaparición de las empresas que en función de las auditorías realizadas se consideren gravosas o ineficientes, así como la fusión de aquellas que puedan realizar el mismo servicio y que ahora estén incurriendo en algún tipo de duplicidad. Del número de empresas que desaparezcan y se fusionen dependerán la importancia de la reforma y el ahorro económico que se pueda obtener.
También para la primera parte de 2013 está previsto el diseño del nuevo esquema de la RTPA, a partir del principio de una radiotelevisión «pública y austera», lo que da a entender que no se cuestionará el modelo en sí pero se buscará ahorrar en el coste que supone para las arcas públicas, y la reorganización de las fundaciones. La remodelación del sector público se cerrará, en una tercera etapa, con una nueva ley que ponga claridad en tan complejo asunto.
¿Cuánto dinero se ahorrará con esta reforma? Es muy pronto para saberlo porque ni siquiera se ha empezado a aplicar y porque el grueso de la misma se desarrollará en 2013. Pero no será, en cualquier caso, suficiente para asumir el endurecimiento de los objetivos de déficit marcados por el Ministerio de Hacienda y por su responsable, Cristóbal Montoro. Asturias trabaja ya en las bases de elaboración de unos presupuestos regionales que se auguran tremendamente restrictivos.
