El decreto-ley es del 13 de julio, pero ni una notificación ni una circular ni una llamada telefónica ni un mail advirtió a los 176 profesores de la Universidad de Oviedo que se adhirieron al plan de prejubilación ofertado en 2009, que lo firmado en las tres convocatorias sucesivas iba a perder toda validez. Y sin previo aviso, una resolución del gerente con fecha 30 de julio determina «suspender en la nómina del mes de agosto y sucesivas, el abono de las cantidades que se destinan en concepto de indemnización como incentivo económico a los profesores acogidos a la jubilación anticipada».
Las condiciones eran óptimas, incluso para una institución en la que nadie quiso nunca dejar la labor académica antes de los 70 años reglamentarios. Con 60 años cumplidos y 30 de servicio podían acogerse a la jubilación anticipada, siempre que tuvieran derecho al retiro voluntario y garantizada la pensión máxima establecida. En esa tesitura, la Universidad aportaba de sus arcas la diferencia entre la pensión a percibir y el 100% del salario hasta los 70 años.
Decreto de incompatibilidades
El programa, creado con el visto bueno del Principado con la intención de rejuvenecer la envejecida plantilla universitaria, duró tres años, hasta que el Tribunal de Cuentas dijo que era ilegal, y 176 profesores se adhirieron a él: 48 en 2009, 54 en 2010 y 77 en 2011. Pero en julio de 2012 llegó el Real Decreto de Régimen de Incompatibilidades de Pensiones Indemnizatorias, Prestaciones Compensatorias y Percepciones Similares, que dice que serán incompatibles con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio», dado que nadie que haya trabajado para el sector público puede cobrar por dos vías distintas de los presupuestos generales del Estado. De forma condensada, que los profesores de la Universidad de Oviedo no pueden cobrar la pensión y la indemnización.
Y el decreto, con fecha 13 de julio, concede solamente 15 días hábiles para que los afectados elijan entre una percepción o la otra, es decir, en el caso de los profesores universitarios, entre lo que reciben del Estado o lo que les abona la Universidad de Oviedo. Plazo que termina hoy, cuatro días después de que el gerente de la Universidad de Oviedo colgara en la página web de la institución académica asturiana la resolución que aplica con carácter inmediato a partir de la nómina de agosto. Por las condiciones personales del acuerdo, no hay forma de establecer a priori lo que pierde cada docente prejubilado al mes, pero globalmente podría situarse entre los 1.000 euros de un profesor titular y los 1.600 de un catedrático.
«Lo único que hacemos es aplicar el decreto-ley, que es de obligatorio cumplimiento», explica el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, que está realizando funciones rectorales en ausencia vacacional de Vicente Gotor. Pero lo cierto es que las decisiones se precipitaron. A decir de Julio Antonio González, lo que había decidido el último Consejo Rectoral es encargar un «informe jurídico exhaustivo sobre el alcance del artículo 1 del Real Decreto», sobre todo con la expectativa de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas celebre el seis de septiembre una reunión sobre el particular, toda vez que la medida afecta a las 33 universidades que tienen en vigor planes de jubilación.
Mejor pagar que devolver
Pero la decisión se precipitó. La posición inamovible del interventor de la Universidad de Oviedo de no firmar las nóminas de agosto sin aplicar un decreto-ley que él entiende que, de forma meridiana, implica de lleno a la institución, propició una resolución del gerente que en su primer punto, sin embargo, recoge la elaboración de ese informe jurídico exhaustivo. «Es una medida cautelar», explica el rector en funciones, «porque es mejor pagar lo que debemos si el informe nos resulta favorable, que exigir la devolución de lo percibido indebidamente si el resultado nos es adverso».
La indignación es manifiesta. Con el fondo y con las formas. CC OO de la Universidad de Oviedo ha emitido un comunicado en el que acusa al Rectorado de «imponer una legislación que supone el incumplimiento de sendos acuerdos firmados con anterioridad», y de actuar «de nuevo con una falta total de respeto y de mera educación». La respuesta legal de los afectados es, en cualquier caso, difícil, porque un decreto-ley solo puede ser combatido por su posible inconstitucionalidad. Pero se prevén recursos masivos, porque hasta los técnicos hablan de la buena fe en que han sido sorprendidos los jubilados y de la necesidad de hallar una solución justa.
