Los inmigrantes que no tengan regularizada su situación en Asturias tendrán garantizada la atención sanitaria sin necesidad de pagar entre 710 y 1.865 euros como plantea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Aunque la propuesta que diseña Ana Mato se convierta en decreto ley, la asistencia sanitaria -más allá de las urgencias, los embarazos o los casos infantiles, lo único que excluye el ministerio-, «estará garantizada en Asturias».
Así lo aseguró ayer el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien se mostró completamente contrario a la intención del Gobierno central. Aunque precisó que de la noticia -filtrada anteayer por El País y confirmada por el ministerio- «no tenemos constancia oficial», sí dejó claro que en el Principado «no vamos a permitir que se estigmatice a nadie por su origen».
Además de recordar que «va en contra de la Constitución o de la Carta de Derechos Humanos de la ONU», Martínez señaló que, tal y como adelantó EL COMERCIO, el Ejecutivo regional tiene en su postura «el respaldo de la sociedad asturiana y de los profesionales de la sanidad».
Porque, como ayer publicó este diario, el secretario del Sindicato Médico del Principado (Simpa), Antonio Matador, aseguró que «no será el médico el que niegue la atención a ningún paciente», una idea que apoya la Red Asturiana contra la Pobreza.
«Cuestión de salud pública»
Además, el Ejecutivo socialista encontró total solidaridad a su negativa en IU, formación que sostiene al PSOE en el Gobierno regional. El coordinador de IU de Asturias, Manuel González Orviz, calificó ayer la propuesta de Ana Mato de «peaje sanitario», que no supondrá el ahorro de 1.200 millones anuales que esgrime el PP, «sino que supondrá un gasto mayor: disparará los casos de enfermedades infecto-contagiosas».
González Orviz entiende que «no sólo es una cuestión de humanidad sino, también, de salud pública». Según explicó, «quien no tenga dinero para ir al médico no irá. Las enfermedades no entienden de papeles y, si no se trata adecuadamente una patología, al final, se producirán contagios». De esta forma, entiende que «la Sanidad Pública deberá de atender a enfermos cuya enfermedad podría haberse prevenido».
En su opinión, la propuesta del PP supone «volver a un modelo antiguo, injusto y que puede suponer un grave riesgo para la salud de toda la población, pues se pretende que gente sin recursos, sin posibilidades legales de trabajar y de obtener unos ingresos suficientes, paguen por su atención».
El decreto ley que diseña el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad significa suprimir la asistencia sanitaria no urgente a todas las personas residentes en España sin regularidad, salvo que paguen una cuota. El Gobierno 'vende' la idea de que el decreto pretende acabar con el turismo sanitario, aunque el colectivo más afectado por la cuota que impondrá será el de los inmigrantes sin regularizar.
Plantea el Gobierno central que para acceder al médico de cabecera o la atención especializada se pague previamente una cuota anual de 59,20 euros al mes, para los menores de 65 años, y de 155,40 para los mayores. Eso significa un pago anual de entre 710 y 1.864 euros, cifras consideradas por las entidades que trabajan con inmigrantes sin regularidad «imposibles de pagar». De hecho, son superiores a las tarifas mensuales marcadas por las principales aseguradoras, que ofrecen ofertas promocionales a colectivos profesionales desde poco más de 34 euros al mes. Una cifra alta también para los 'sin papeles'.
