Inquietud entre los ayuntamientos asturianos. La reforma de la Ley de Administración Local ha sublevado a los alcaldes, ante la posibilidad de que los consistorios de menos de veinte mil habitantes pasen a ser tutelados por una administracion superior, ya sean diputaciones o, en el caso de Asturias, el Principado. La propuesta es rechazada de plano. Consideran que de llevarse a cabo la iniciativa del Gobierno popular, se vaciaría de contenido a estos ayuntamientos que, recuerdan, ofrecen un número importante de servicios a los ciudadanos que podrían perderse.
La Federación Asturiana de Concejos (FACC) abrió la pasada semana un periodo para recoger entre los ayuntamientos asturianos aportaciones para trasladar posteriormente desde el Principado sus propias propuestas. Hasta ahora, la casi totalidad de las reivindicaciones exponen la preocupación por los cambios que se pueden producir en el mapa municipal. No hay que olvidar que la medida, de aplicarse, afectaría a 71 de los 78 consistorios de la región.
Está previsto que el próximo martes se reúna la comisión de Hacienda de la FACC para analizar las aportaciones recibidas y con ellas consensuar en la comisión ejecutiva del próximo 21 de agosto una posición común que se trasladará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
«Esta no es la ley que nos habían vendido. No es lo que esperábamos», protesta el presidente de la FACC y alcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar, descontento con un borrador que no define con claridad la distribución de las competencias entre las administraciones autonómica y municipal, ni tampoco la financiación necesaria para el desarrollo de cada una de ellas. «Más que solucionar problemas, ha creado otros nuevos», advierte. Se refiere a la previsión que hace el texto de quitar atribuciones a los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes que no cumplan, según el Gobierno, unos estándares de calidad mínimos en la prestación de servicios. Competencias que pasarían a ser desempeñadas por diputaciones o la comunidad, en el caso de las autonomías uniprovinciales.
La propuesta plantea crear un nuevo ente público, dependiente del Principado (en el caso de Asturias), cuya función sería gestionar las competencias cedidas por los ayuntamientos. «No generaría ahorro como tampoco tendría sentido en un momento en el que se habla de reducir el sector público». La clave, apunta, está en cómo y quién fijara esos estándares de calidad. De momento, la aspiración del Gobierno es aprobar esta medida por decreto en lugar de hacerlo por ley «y eso -ahonda De Luis Solar- es muy peligroso».
De momento, el planteamiento del Ejecutivo ha sido frenado por la sublevación de alcaldes del PP. En Asturias todos los regidores, a priori, caminan en la misma dirección. El primero en ser prudente es el propio presidente de la FACC. Asegura que van a ser «cuidadosos» para que las propuestas que salgan desde el Principado «sean todas consensuadas». «Nos jugamos mucho», apostilla, al tiempo que recuerda que la FEMP y el Ministerio de Hacienda celebrarán una nueva reunión en septiembre. Será entonces cuando se pongan ambas posturas encima de la mesa. «Los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes hemos demostrado que cumplimos», señala el presidente de los concejos, que pone en valor todos los servicios que ahora mismo proporcionan a los vecinos y que con la configuración que plantea el Ejecutivo podrían quedar, algunas de esas prestaciones, en entredicho. «Con el pretexto de los costes quieren vaciar de contenido a muchos ayuntamientos», insiste De Luis Solar, que desvela la intención del Gobierno central de suprimir, además de las mancomunidades, los consorcios. Una fórmula que funciona con éxito en Asturias. «Espero cordura y que den marcha atrás. Si sale adelante sería como volver a los años 70», sentencia.
